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A través de una resolución.

Solicitan incorporar Neurocirugía del Parkinson a Prestaciones GES.

Los legisladores piden que la protección financiera para la citada neurocirugía se materialice por la vía de la canasta de prestaciones GES-AUGE, de modo de incorporar en dicha responsabilidad financiera a las Isapres.

19 de mayo de 2018

Por unanimidad, 138 votos afirmativos, la Sala de la Cámara de Diputados apoyó solicitar al Presidente Sebastián Piñera disponer la protección financiera para la Neurocirugía del Parkinson como tratamiento para portadores de esta enfermedad, tal como ocurre con las personas que padecen distonías generalizadas.
El documento fue presentado a la Cámara por los diputados Sepúlveda, Esteban Velásquez, Pedro Velásquez , Castro, Monsalve, Pérez , Sabat , Núñez ,  Barrera  y  Mulet.
La resolución explica que esta operación consiste en el uso de un implante de dispositivos de estimulación cerebral profunda que emite pequeños impulsos eléctricos encargados de regular la zona del cerebro que está fallando.
Cabe señalar que en Chile, las Clínicas Alemana de Santiago y Dávila se dedican a este tema hace varios años en forma relativamente rutinaria, siendo, de acuerdo al documento, la mayor limitante el valor de los aparatos de estimulación, que oscila entre 19 y 26 millones de pesos.
Por ello, un segundo punto del texto solicita al Jefe de Estado que la protección financiera para la citada neurocirugía se materialice por la vía de la canasta de prestaciones GES-AUGE, de modo de incorporar en dicha responsabilidad financiera a las isapres.
Según los legisladores, la petición se fundamenta en la positiva experiencia científica y empírica que existe respecto del impacto en la calidad de vida de los pacientes, que el propio Estado ha podido comprobar por medio de un programa piloto desarrollado entre los servicios de salud de O´Higgins y Metropolitano y el Hospital San Borja arriarán, que ya ha efectuado operaciones con éxito.
La resolución concluye estimando las personas con Parkinson en Chile en aproximadamente 40 mil; cifra que el año 2040 podría llegar a 100 mil. Si se considera que tras cada paciente hay una familia que también sufre los embates de esta enfermedad, el impacto social fácilmente puede llegar al millón de personas, número que se podría reducir al menos en 10% si se garantiza por ley la protección financiera completa de este tratamiento, se indica.

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