Amnistía Internacional condena nueva ley sobre la propiedad que castiga a las personas desplazadas y podría obstaculizar la investigación de crímenes de guerra en Siria.

Amnistía Internacional afirma que una severa ley sobre la propiedad aplicada por el Gobierno sirio priva en la práctica de sus hogares y tierras a miles de personas desplazadas por el conflicto que asuela el país y entraña el riesgo de que se destruyan pruebas de los crímenes de guerra que el Gobierno ha cometido.

Agrega enseguida, que aprobado en 2012, el Decreto Legislativo 66 permite al Gobierno sirio demoler zonas de asentamiento informal de Damasco y Damasco Rural para convertirlas en zonas urbanizables, con bloques de viviendas, mercados y espacios públicos. En virtud de la nueva normativa aprobada en la Ley 10 de 2018, explica el organismo, una vez que declarada urbanizable una zona, las autoridades deben notificárselo públicamente a los propietarios de viviendas y tierras en ella, que tienen sólo 30 días para presentar la documentación necesaria para reclamar sus propiedades.

Con más de 11 millones de personas desplazadas dentro de Siria o refugiadas en otros países, Amnistía asegura que es probable que cumplir este requisito constituya una hazaña casi imposible para muchas de las afectadas por la nueva ley. Según investigaciones del Consejo Noruego para los Refugiados, apenas una de cada cuatro personas refugiadas sirias tiene consigo los títulos de propiedad de sus bienes. El 21 por ciento afirman que su documentación está destruida.