CS rechazó protección deducida contra el Ejército de Chile por no renovar contrata de una funcionaria.

La Corte Suprema rechazó la acción de protección deducida por una funcionaria a contrata del Ejército de Chile contra dicha institución y su ex Comandante de Salud, debido a que se decidió no renovarle su contrata.

La recurrente consideró vulnerado el derecho a la integridad psíquica, toda vez que es madre soltera y esta situación ha significado un deterioro cierto en su salud, sobre todo mental. Asimismo, estimó infringida la igualdad ante la ley, ya que la decisión ha sido tomada caprichosamente, discriminándola, e incluso podría existir un castigo por parte de la autoridad, porque denunció malos tratos o por haber tenido la calidad de testigo en una investigación sumaria. Por último, indicó que se conculcó el derecho de propiedad, por cuanto se la priva de una especie de titularidad en el cargo, y consecuencialmente de todos los derechos que nacen de esta especial titularidad, como los beneficios asignados para ella y su hijo, la estabilidad laboral en el empleo que el Ejército le ha otorgado en el tiempo, y la legítima expectativa de renovar su contrato cada año.

En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que la resolución que pone término a la contrata de la recurrente cumple con las exigencias legales, entrega las razones de la decisión, señalando que se funda en la existencia de una reestructuración orgánica producto de un déficit presupuestario, incluso destinando, con posterioridad, personal de planta para la prestación de los servicios que prestaba la actora en el recinto. Todo lo anterior se ve confirmado por el oficio CGE CGP COP (R) Nº10000/38674 de 13 de diciembre de 2017 que, acorde con el Plan de Desarrollo Estratégico del Ejército para los años 2015-2016, dispone racionalizar y optimizar el recurso humano, haciendo expresa referencia a la imposibilidad de financiar nuevos requerimientos de personal para el año 2018 y la necesidad de ajustar las diversas dotaciones. En definitiva fueron todas estas circunstancias las que determinaron el término anticipado de la contrata, decisión que se adoptó ponderando de manera objetiva los antecedentes, razón por la que no es posible atribuir arbitrariedad o calificar como ilegal al acto impugnado.