Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, la oración final del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, que establece la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
La disposición impugnada establece; “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.
La gestión pendiente incide en autos ordinarios, seguidos ante el 24° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en los que la requirente demandó a la Dirección de Compras y Contratación Pública.
La requirente estima que el precepto impugnado infringe el debido proceso, pues la sanción no emana de un juez competente por ley, no es fruto de un proceso legalmente tramitado, no hubo derecho a defensa, no puede ser impugnada, y se vulnera el principio del non bis in ídem, como así mismo el principio de proporcionalidad. Asimismo, considera que vulnera la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el estado y sus organismos en materia económica, ya que la sanción es arbitraria e injusta.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.
Vea textos íntegros del requerimiento y el expediente Rol N° 4836-18.
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