La tabla de la Sala de la Cámara de Diputados contempla para hoy fomentar el desarrollo de iniciativas legales en apoyo a las mujeres y la diversidad sexual, por medio de la constitución de una nueva Comisión de Mujeres y Equidad de Género, instancia que se visualiza como un nuevo espacio para la discusión democrática, especializada en estas materias.
El proyecto, que comenzó a debatirse en la Sala el pasado jueves 7 de junio, modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, y fue aprobada por unanimidad durante su trámite en la Comisión de Constitución. Busca representar un centro de análisis de políticas contra la discriminación y violencia que afecta a las mujeres y a la diversidad sexual; y ser un lugar donde se puedan adoptar medidas concretas para corregir estas vulneraciones a los derechos de las personas. 

Otras materias en tabla

La Corporación también contempla en su tabla el tratamiento de dos propuestas legales. La primera de ellas se trata de un proyecto acotado que permite realizar una adecuación a diversos cuerpos legales en razón de la creación de la Región de Ñuble, hecho que se concretó en septiembre de 2017 tras su publicación como Ley de la República. 
De acuerdo a los informes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda, el contexto normativo se focaliza en la reorganización de los tribunales de justicia, incluyendo en ello al Juzgado de Garantía de San Carlos, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán y el juzgado de Letras con competencia común de Yungay.
También, el proyecto busca explicitar la fecha de entrada en vigencia de la Ley que regula las entrevistas videograbadas en resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales en la nueva región; y actualizar dicha disposición a la nueva denominación de las distintas regiones del país (la normativa dispuso una entrada en vigencia gradual en el territorial nacional que no contempló a la nueva región).
Por último, la Sala contempla una propuesta que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas.
Tal como se explica en el informe de la Comisión de Constitución, la regla general en el procedimiento civil es que toda persona deba testificar en el tribunal. Sin perjuicio de aquello, este cuerpo legal establece que determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, queden exentas de comparecer, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del respectivo territorio jurisdiccional.
Se excluyen del listado de personas afectas al régimen especial a todas las autoridades eclesiásticas, entre otros arzobispos, obispos y vicarios generales.

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