Confiere atribución para dictar directrices generales.
CGR representó decreto del Ministerio de Hacienda sobre convenios de desempeño para altos directivos públicos.
Decreto mediante el cual se aprobaba el reglamento que regula los convenios de desempeño para los altos directivos públicos establecidos en el párrafo 5° del título VI de la Ley N° 19.882.

Se remitió a la Contraloría General de la República, por parte del Ministerio de Hacienda para el trámite de toma de razón, el decreto mediante el cual se aprobaba el reglamento que regula los convenios de desempeño para los altos directivos públicos establecidos en el párrafo 5° del título VI de la Ley N° 19.882, el cual fue representado por el órgano de control.
Al respecto, el ente contralor hace presente que el artículo 64 de la Ley N° 19.882, dispone que “un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos de control y evaluación de los convenios, los lineamientos sobre la forma de medir y ponderar los elementos e indicadores a evaluar, los procedimientos y calendarios de elaboración de los convenios, las causales y procedimientos para modificarlos y toda otra norma necesaria para la adecuada operación de los mismos”.
Enseguida, el dictamen señala que los artículos 10 y 12 del reglamento en análisis y representado, entregan a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la facultad de revisar que la propuesta del convenio de desempeño se ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y a las directrices que imparta, pudiendo hacer observaciones que remitirá a la autoridad para que efectué las adecuaciones pertinentes. Igualmente, el artículo 13 dispone que en caso de que el alto directivo público proponga cambios a la propuesta de convenio, la DNSC puede objetar estos últimos, añadiendo que a ésta corresponderá la aprobación de su versión definitiva. Por último, indica que el artículo 24 prescribe que en caso de modificaciones al convenio de desempeño, el Servicio Civil deberá verificar que el anexo donde se contengan se ajuste a las disposiciones legales aplicables y a las directrices de carácter general impartidas en materia de modificación de convenios, entre otras facultades, otorgando su aprobación si procediere.
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