La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) condenan los asesinatos de defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que han tenido lugar recientemente.
Según la CIDH, de acuerdo a información recibida, el 9 de mayo de 2018 el señor Luis Arturo Marroquín, líder del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y defensor del desarrollo rural de los pueblos indígenas y de los campesinos, fue asesinado en el departamento de Jalapa. Al día siguiente, el 10 de mayo, José Can Xol, líder del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y autoridad ancestral, fue asesinado en el departamento de Alta Verapaz. Tres días después en el mismo departamento, el 13 de mayo, fue asesinado Mateo Chamán Paau, también defensor e integrante de CCDA y el 1 de junio, falleció Ramón Choc, otro defensor de CCDA después de un ataque con arma blanca del que resultó con lesiones graves.  El 4 de junio fueron asesinados Alejandro Hernández y Florencio Nájera, dos líderes de CODECA, en Jutiapa y el 8 de junio, Francisco Munguía en Jalapa, los tres por ataques con machete.
La CIDH y la OACNUDH expresan su preocupación sobre la situación de violencia e indefensión de las comunidades indígenas y sus defensores en Guatemala, que está estrechamente relacionada con la situación de discriminación y exclusión que enfrentan, así como la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios.
Tal como lo señaló la CIDH en su informe Situación de derechos humanos en Guatemala de 2017, las cifras de ataques a personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala estarían en aumento en los últimos años. Estos asesinatos se suman a los de otros tres defensores de derechos humanos y dos periodistas desde inicios de 2018.
La CIDH y la OACNUDH confían en que el Estado de Guatemala investigará estos asesinatos de manera urgente, exhaustiva y objetiva a fin de esclarecer los motivos y circunstancias de los mismos, tomando en consideración la labor de defensa de los derechos humanos que realizaban los defensores asesinados, en particular el derecho a la tierra y al territorio de sus comunidades, como un elemento importante en el desarrollo de las investigaciones.  Asimismo confían en que posteriormente se avance en el juzgamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales.
A continuación, la Comisión asegura que los asesinatos y otros actos de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos tienen un impacto adicional sobre todas aquellas personas o comunidades para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad. Para las comunidades indígenas, la pérdida de un líder o un defensor podría afectar su participación efectiva en asuntos que inciden en sus derechos, su inclusión, autodeterminación y su libre desarrollo dentro de un Estado multicultural y democrático.
La CIDH y la OACNUDH han recibido también información sobre propuestas legislativas que podrían coartar la capacidad de las organizaciones de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Guatemala, tales como la iniciativa de ley No. 5257, que dispone aprobar reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Esta propuesta buscaría implementar limitaciones y controles en el registro y ejercicio de funciones de las ONG de manera incompatible con los derechos a la libertad de expresión y asociación.
Finalmente, la CIDH y la OACNUDH reiteran que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar la vida e integridad personal de defensoras y defensores de derechos humanos a través de la adopción de medidas específicas. Urgen al Estado a avanzar en la adopción e implementación de una política pública de protección a personas defensoras, conforme a lo establecido en el informe “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” y en los estándares y recomendaciones internacionales formuladas al país. 

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