La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que preside la diputada  Álvarez, analiza proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que Modifica la Ley General de Telecomunicaciones para disponer la entrega de información a Carabineros y sancionar el uso indebido de llamadas a servicios de emergencia.
En la última sesión de la instancia, la Subsecretaria del ramo, Pamela Gidi explicó que, según estadísticas, más del 75% de las llamadas que recibe Carabineros en el teléfono 133 son inoficiosas.
Expuso que, según dicha institución, el promedio anual de llamadas atendidas ronda los 9.9 millones, de las cuales más de 7,4 millones son pitanzas, amenazas falsas de bombas en época de exámenes universitarios, llamados cortados e insultos.
Gidi agregó que lo mismo sucede con los servicios de Bomberos y el resto de los servicios de emergencia que tienen un número telefónico. “Esto implica en la práctica que un teléfono de emergencia, que atiende solamente pitanzas, no podrá cumplir con su misión original”, comentó.
Asimismo, señaló que “los operadores rara vez tienen información suficiente para conocer quién es la persona que está solicitando ayuda, mucho menos para encontrarla y poder prestarle asistencia”.
En lo que se refiere a la experiencia internacional, la Subsecretaria ejemplificó que en el caso de Brasil, se instruye a los operadores móviles a entregar los datos de ubicación de los usuarios que realizan una llamada a nivel de emergencia, situación similar a la de Costa Rica, Reino Unido y España.
Cabe recordar que la moción parlamentaria obliga a las empresas de telecomunicaciones a entregar a Carabineros de Chile la información de individualización y localización de las empresas que realizan llamadas a los teléfonos de emergencia para asistir en la función de combate y la atención de las emergencias.
También, sanciona con multas a aquellas personas que hagan uso indebido del servicio telefónico de emergencia y garantiza el destino de la recolección de datos personales, evitando su mal uso por parte de órganos del Estado o empresas privadas. 

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