A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado identificando situaciones y adoptando medidas cautelares para proteger a personas que se encuentran en riesgo grave y urgente de daño irreparable en el marco de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Cabe recordar que el 10 de junio de 2018 la CIDH adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de José Alberto Idiáquez Guevara, sacerdote de Managua y rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), quien se encontraría en una situación de riesgo como consecuencia de su labor como rector y su participación activa en la Mesa de Diálogo Nacional.
La Comisión tomó en cuenta que en su carácter de rector, el beneficiario estaría jugando un rol importante en la protección y asistencia de los manifestantes, particularmente estudiantes. Tanto el 18 de abril como el 30 de mayo de 2018, el beneficiario habría ordenado la apertura de las puertas de la universidad para permitir el resguardo de las personas que habrían sido objeto de agresiones. El beneficiario habría sido objeto de diversos mensajes intimidantes y presuntamente fue incluido en una lista de personas que asesinarían por su rol activo en el marco del contexto actual.
El 12 de junio de 2018  la CIDH adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de Migueliuth Sandova Cruz, viuda del periodista Ángel Eduardo Gahona, y sus familiares. De acuerdo con la información aportada, las personas beneficiarias se encontrarían en una situación de riesgo tras los hechos ocurridos el 21 de abril de 2018, fecha en la que el periodista Ángel Eduardo Gahona fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo de los daños ocasionados durante las protestas en Bluefields en el Caribe Sur, Nicaragua.
El 17 de junio de 2018 la CIDH adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de Ricardo Adán Velásquez Robleto, Alex Iván Aguirre Mairena, Jasson Osnar Hernández y Edwin Antonio Jiménez Balladares, estudiantes universitarios que se encontrarían en una situación de riesgo a su vida e integridad en el contexto de la situación de violencia que ha atravesado Nicaragua en los últimos meses. La Comisión observó que los testimonios de las y los personas beneficiarias –varias de ellas directamente entrevistadas durante su visita- indican que en su mayoría habrían sido objeto de actos de violencia en el contexto de represión de las protestas sociales emprendidas por estudiantes.
El  2 de julio de 2018 la Comisión adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de integrantes de Radio Darío. De acuerdo con la solicitud recibida, las personas beneficiarias habrían sido objeto de diversas amenazas y hostigamientos, presuntamente con el objetivo de intimidar y silenciar las denuncias y la información que es transmitida a través de tal medio. De hecho, la Comisión notó que las instalaciones de la Radio Darío habrían sido incendiadas, habrían agredido a su personal, y las personas propuestas beneficiarias habrían sido privados de sus principales materiales y equipos periodísticos, incluyendo los equipos necesarios para la transmisión y reporte de los sucesos que vienen ocurriendo en diversas ciudades en Nicaragua.
El  2 de julio de 2018 la CIDH adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de Marco Antonio Carmona y otros miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), así como de la señora S, señor C e hijos. Al tomar esta determinación, la Comisión valoró la información presentada que indica que las personas propuestas beneficiarias habrían recibido amenazas e intimidaciones directamente en su contra de parte de terceros o personas ligadas al gobierno, presuntamente por sus labores de defensa, documentación o acompañamiento de las manifestaciones en diversas ciudades de Nicaragua. Asimismo, según lo informado estarían bajo seguimiento constante en alrededores de sus hogares, centros de labores y durante sus actividades por parte de personas desconocidas a través de vehículos o motorizados, en algunos casos con presencia de armas de fuego.
Desde la visita de trabajo a Nicaragua realizada del 17 al 21 de mayo, la CIDH ha adoptado 9 resoluciones, solicitando medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 64 personas, en varios asuntos, incluyendo sus núcleos familiares. Entre las y los beneficiarios se encuentran líderes y lideresas estudiantiles, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas,  familiares de víctimas, sobrevivientes de hechos de violencia, sacerdotes, y personas que han brindado asistencia a personas heridas.
Asimismo, la Comisión ha decidido proceder a solicitar información al Estado, en los términos del artículo 25.5 del Reglamento, en relación con 57 solicitudes recibidas y a requerir información adicional a 76 solicitantes de medidas cautelares. El Estado de Nicaragua y los solicitantes continuarán recibiendo la notificación sobre tales solicitudes en el transcurso de los próximos días. La Comisión no ha decidido al momento el rechazo de ninguna de las solicitudes recibidas durante su visita de trabajo.

Vea texto íntegro del comunicado

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