CS confirmó sentencia que rechazó protección deducida contra Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía por cancelar inscripción de tres taxis colectivos.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Temuco, que rechazó la acción de protección deducida por una ciudadana contra la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía, debido a que rechazó el recurso de reposición interpuesto por ella, disponiendo la invalidación y cancelación de la inscripción de tres vehículos de su propiedad como taxis colectivos en el Registro de Servicios de Transporte Público de Pasajeros.

La recurrente adujó que se vulneró la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, pues la resolución dictada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Araucanía, coarta la posibilidad de llevar a cabo toda actividad laboral y económica derivada de la explotación de sus vehículos, toda vez que impide su utilización para los fines que fueron adquiridos, esto es, el transporte de pasajeros. Asimismo, consideró conculcado el derecho de propiedad, ya que los particulares que están de buena fe adquieren derechos a partir de los actos viciados de la administración.

En su sentencia, la Corte de Temuco indicó que la Seremi de Transportes actuó en estricto apego a sus facultades al dictar la Resolución Exenta, toda vez que se limitó a determinar el cumplimiento del Decreto Supremo N° 212, del año 1992, el cual establece en su artículo 73 bis los requisitos para el ejercicio del derecho a reemplazo de taxis colectivos, el cual no se habría constatado al momento de otorgar el permiso. Así, no se vislumbra afectación a derechos fundamentales, toda vez que el decreto impugnado se presume legal por el solo ministerio de la ley, por lo que los aspectos relativos a que la actuación de la recurrida resultan arbitraria e ilegal, no pueden ser invocados en esta sede por el recurrente; pues el carácter simplemente legal de dicha presunción, convoca a la misma a desvirtuarla, ya sea en un procedimiento administrativo de impugnación propiamente tal o en un procedimiento contencioso administrativo, existiendo en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos funcionarios, resultando evidente que la presente no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, no constituyendo esta vía una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados. Por lo anterior, el Tribunal de alzada rechazó la acción deducida.