TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba normas que establecen obligaciones para la interconexión de instalaciones de generación, transmisión y distribución eléctricas.

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte de Santiago, en los que la requirente impugnó la resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por medio de la cual se le aplicó una multa.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional indicó que el requirente funda su requerimiento sobre el siguiente supuesto fundamental: que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles habría dictado la resolución sancionatoria en la que dio aplicación a las normas impugnadas –que fundaron los cargos de que fue objeto– estando ellas derogadas al momento de imponer la sanción, dándoseles, por ello, aplicación ultraactiva. Dicha aplicación la estima improcedente, al no existir una expresa autorización legal, sin la cual imperaría el principio general sobre efecto inmediato del mandato legislativo. Así, esencialmente, la argumentación del requirente pone en la necesidad de determinar si es efectivo que los preceptos impugnados se encontraban derogados al momento en que le fue impuesta la sanción. Lo anterior, toda vez que según se ha dicho, es la supuesta aplicación ultraactiva que la autoridad administrativa habría dado a las normas –que la requirente califica de abiertamente contraria a Derecho- la que generaría las pretendidas infracciones constitucionales. En efecto, no puede perderse de vista que la requirente, dentro de su reclamación de ilegalidad, ha planteado como yerro cometido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que haría improcedente la multa aplicada, que aquella habría aplicado normas que se encontraban derogadas al momento de imponerle la sanción. Por tanto, concluyó que la requirente hace descansar sus alegaciones sobre asuntos de mera legalidad, y que por consiguiente, escapan de su competencia, por lo que no cabría sino rechazar el requerimiento.