Amnistía Internacional afirma que las autoridades tailandesas deben reconocer que la pena de muerte no tiene lugar en ningún sistema de justicia penal y solicita que paralicen cualquier plan de realizar más ejecuciones, ello luego de que el Estado llevara a cabo su primera ejecución en casi nueve años.
En una carta abierta dirigida al Ministro de Justicia de Tailandia, la organización mundial de derechos humanos pidió al Gobierno la abolición de la pena de muerte después de que el 18 de junio de 2018 fuera ejecutado mediante inyección letal un hombre de 26 años por homicidio con agravantes. Fue la primera ejecución llevada a cabo en Tailandia desde agosto de 2009.
Katherine Gerson, responsable de campañas sobre Tailandia de Amnistía Internacional, dijo que “con independencia del delito, de quien sea el preso o la presa y del método de ejecución, no hay nada que pueda justificar el uso de la pena de muerte. Es una pena abominable que no tiene lugar en ningún sistema de justicia penal”.
A continuación, arguye que “el Gobierno tailandés debe reafirmar su compromiso con los derechos humanos estableciendo de inmediato una moratoria oficial de la aplicación de la pena de muerte como primer paso para su abolición total. Lo cierto es que la pena de muerte no tiene un especial efecto disuasorio sobre la delincuencia. Tampoco ofrece una resolución a las familias de las presuntas víctimas. Nunca es una solución”.
De acuerdo a Amnistía, los datos facilitados por el Ministerio de Justicia en marzo de 2018 indican que había 510 personas condenadas a muerte, de las que 94 eran mujeres, y que 193 habían agotado todos los recursos. Se cree que más de la mitad están condenadas por delitos relacionados con drogas.
El organismo agrega que a pesar de que el derecho internacional prohíbe la imposición preceptiva de la pena capital, en Tailandia sigue siendo preceptiva para diversos delitos, entre ellos el asesinato con agravantes. Muchos de los delitos que pueden castigarse con la pena de muerte no alcanzan el umbral de “los más graves delitos” a los que el derecho internacional restringe la imposición de la pena capital en los países donde aún no ha sido abolida.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y en todas las circunstancias.
Hasta hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 son abolicionistas en la ley o en la práctica.

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