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Solicita a comunidad internacional que investigue.

Amnistía asegura que los dos años en el poder de Duterte han sido un desastre para los derechos humanos en Filipinas.

Rachel Chhoa Howard, investigadora del organismo, asegura que la realidad es que sus desastrosas políticas han hecho del país un lugar aún más peligroso, especialmente para los filipinos más pobres.

24 de julio de 2018

Amnistía Internacional asevera que durante el mandato del Presidente Duterte se ha producido una preocupante regresión de los derechos humanos que ha convertido a Filipinas en un lugar más peligroso de lo que era cuando llegó al poder.
Rachel Chhoa Howard, investigadora del organismo sobre Filipinas, comenta que “el Presidente Duterte llegó al poder con una imagen de ‘hombre fuerte’ y prometiendo mano dura en lo referente al orden público. La realidad, tras dos años de presidencia, es que sus desastrosas políticas han hecho del país un lugar aún más peligroso, especialmente para los filipinos y las filipinas más pobres”.
Luego ejemplifica que “en vez de combatir un problema social difícil, su ‘guerra contra las drogas’ ha causado incalculables daños y sufrimientos. Las políticas del presidente Duterte, que incluyen el fomento directo del homicidio ilegítimo, han dejado miles de personas asesinadas con total impunidad en un clima de creciente desgobierno, en el que siguen cometiéndose diariamente ejecuciones extrajudiciales en los hogares y las calles del país”.
Agrega que “los homicidios continúan y no hay ninguna señal de que se actúe para contrarrestarlos a nivel nacional, de modo que es hora de que la comunidad internacional, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ordene que se investigue el deplorable planteamiento de Filipinas en la resolución de los problemas relacionados con las drogas”.
Amnistía asegura que se ha habido miles de homicidios ilegítimos cometidos por la policía y otros individuos armados (a menudo asociados a ella) con total impunidad como parte de la campaña del Gobierno contra las drogas.
Además señala que los defensores de los derechos humanos que critican la “guerra contra las drogas”, se encuentran  en el punto de mira del Presidente y sus aliados.
El organismo condena la retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional tras anunciarse un examen preliminar de posibles crímenes de derecho internacional en la “guerra contra las drogas”.
Finalmente, manifiesta un incremento de los abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos y destrucción de viviendas de civiles en la isla de Mindanao desde la declaración de la ley marcial en julio de 2017.

 

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