En una reciente publicación  del medio on line swissinfo.ch se da a conocer la entrevista sobre “Un juez objetivo es un ideal, incluso hasta una ilusión”.
Se sostiene que en Suiza, quien quiera llegar a ser juez federal debe pertenecer a un partido político. El Parlamento adjudica los cargos de manera extra oficial, según un sistema proporcional al peso de los partidos en las cámaras. Y una vez elegidos, los jueces deben pagar un canon sustancial a su partido (de 3 000 a 26 000 francos por año, según su formación). Al cabo de unos años, tendrán que presentarse a la reelección, dependiendo nuevamente del apoyo de su partido.
Este sistema, se expone, no solo genera críticas internacionales, por ejemplo, a través del Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO). Ahora suscita también cierta resistencia en Suiza: uno de los empresarios más ricos de Suiza, Lorenz Langer, con la colaboración de algunos aliados, se ha lanzado a la recogida de firmas para la ‘Iniciativa sobre la Justicia’. Esa iniciativa propone que los jueces federales sean designados por sorteo.

Sr. Langer, usted dedica la tesis de su habilitación docente a la cuestión de la elección de jueces en Suiza. ¿Por qué se tiene en cuenta a los partidos políticos para designar a los jueces, a pesar de que la ley no lo prevé?

La cuestión fundamental es saber en qué medida la justicia tiene necesidad de una legitimación democrática o, si por el contrario, la administración de justicia es una tarea puramente tecnocrática, que debe estar totalmente desligada de la política. En Suiza hemos llegado a la conclusión de que hay ciertos lazos con la política y de que, probablemente, deben existir.

¿Se pretende entonces que todas las corrientes políticas estén representadas entre los jueces?

Exacto. Los tribunales deberían, en cierta medida, reflejar todo el espectro político.

Los impulsores de la iniciativa quieren poner fin a este sistema, al menos a nivel federal, e implantar la elección de jueces por sorteo. ¿En su opinión, sería eso más justo?

Buf, ¿qué es justo? (risas). Para serle sincero, la idea del sorteo me sorprendió un poco. Eso ya lo hemos visto en el pasado. En la antigua Atenas los jueces eran nombrados mediante sorteo. Sin embargo, Sócrates condenó ese sistema, por lo que no estoy seguro de que esa sea realmente la mejor solución. (Reflexiona durante unos largos instantes)

Tengo algunos problemas con la designación por sorteo. La iniciativa dice que debe tenerse en cuenta la representatividad de las lenguas oficiales, pero no habla del género de los jueces. Por lo tanto, podría haber un fuerte desequilibrio en este aspecto. El principal problema que yo veo en la propuesta de la iniciativa es que la designación por sorteo debe regirse “exclusivamente por criterios puramente objetivos de idoneidad profesional y personal” para desempeñar el cargo de juez del Tribunal Federal [la más alta instancia judicial de Suiza]. Mi tesis sería mucho más fácil de escribir si alguien pudiera decirme “cuáles son esos criterios objetivos”. En mi opinión, simplemente estamos cambiando el problema de lugar.

Quiere usted decir que todo el poder recaería en la comisión especializada que decide sobre la admisión de los candidatos que luego participarán en el sorteo. Por lo tanto, no hay garantías de que se tomen decisiones justas.

Sí. Pero una vez más: ¿qué quiere decir justo? Probablemente sea menos representativo. Existe el riesgo de que en esa comisión predominen determinadas clases sociales, niveles educativos y orientaciones políticas, y que otros queden subrepresentados.

Por lo tanto, con el sistema actual es más fácil garantizar que no solo haya un tipo de juez, sino que haya diversidad.

Sí. Es cierto que los jueces tienen sus puntos de vista políticos, los expresen abiertamente o no. Desconfío un poco cuando los juristas afirman que solo deciden sobre criterios objetivos. El juez objetivo es un ideal…

¿También una ilusión?

(Ríe) He dicho ideal, pero sí, acaso también sea una ilusión. Con el sistema actual, es posible que no siempre sean los mejores profesionales los que se conviertan en jueces, pero sí se garantiza que en cierta medida todo el espectro político esté representado. Existen estudios llevados a cabo en otros países, como por ejemplo Inglaterra, que demuestran que el poder judicial está dominado por hombres, blancos y conservadores y, por lo tanto, no refleja en absoluto a la sociedad. Y se trata precisamente de países en los que los jueces son designados por comisiones de expertos. La cooptación, es decir, la idea de que los jueces se elijan ellos mismos, es para mí igual de problemática.

Sin embargo, los impulsores de la iniciativa acusan al Parlamento de nepotismo en la elección de los jueces.

Por supuesto, ese riesgo existe. Y uno no tiene la impresión de que el procedimiento en la comisión de justicia sea muy transparente. Me parece que en esa comisión están ocurriendo muchas cosas informales. A veces se sabe con anticipación quién es elegible para un puesto. La pregunta es, si existe algún sistema en el que esto no ocurra.

Los impulsores de la iniciativa creen que la situación es tan grave que la falta de independencia de los jueces se ha convertido en uno de los problemas centrales de nuestra democracia.

Suiza suele estar generalmente entre los primeros cuatro o cinco puestos de cualquier clasificación internacional sobre la independencia de los jueces. Teóricamente están los problemas que hemos mencionado, eso está claro. Pero tenemos que preguntarnos si queremos basarnos únicamente en la teoría o mirar pragmáticamente cómo han funcionado las cosas hasta ahora.

Le pongo un ejemplo concreto: hace unos años, parte del Parlamento no apoyó la reelección de un juez para "castigarlo" por una decisión que no gustó.

Sí, ese riesgo existe. Pero supongo que solo se toma una decisión de ese tipo cuando se está completamente seguro de que no tendrá consecuencias. Hasta ahora, solo ha habido un caso en el que no se ha confirmado a un juez. Fue con Martin Schubarth en 1990. Pero se puede decir que fue un accidente. Solo querían castigarlo, pero luego resultó, por error, que no fue reelegido (había otros jueces del Tribunal Federal que jugaron sus bazas entre bastidores). Dos días más tarde, regresó al Tribunal Federal cuando se eligió al nuevo juez. Sin embargo, ese problema no está relacionado con los vínculos con los partidos, sino con la duración del mandato. Un punto que los impulsores de la iniciativa también quieren cambiar: los jueces federales deben permanecer en el cargo hasta su jubilación.

¿Eso no es conceder demasiado poder a los individuos?

Sí, se pueden ver las consecuencias en el Tribunal Supremo de EE. UU. En primer lugar, supone una politización muy fuerte antes de las elecciones. Porque si alguien va a ser juez durante tanto tiempo, habrá que asegurarse de que esa persona corresponde a nuestras preferencias. El ejemplo de Estados Unidos muestra también que, al final, esto no siempre es posible, porque algunos jueces cambian después su posicionamiento político.

Esto plantea la cuestión de si no se puede exigir al poder judicial, en cierto modo, la obligación de rendir cuentas. Sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez con mayor frecuencia los tribunales se pronuncian sobre cuestiones políticas. Cuestiones que antes eran claramente competencia del poder legislativo y hoy son atribuidas a los jueces, como ocurre frecuentemente en EE. UU. O bien, tribunales que por iniciativa propia deciden sobre cuestiones sociales.

Cómo podemos detener esta evolución y devolver los asuntos políticos al Legislativo? ¿O esto no es deseable?

Depende del tema. La justicia garantiza a las minorías una protección que la política no puede ofrecerles. Cuando todo se resuelve mediante decisiones de la mayoría, las minorías pagan el precio. En ese sentido, esta situación no es tan mala para el desarrollo de los derechos fundamentales y de las minorías…

¿Pero?

Existe un cierto riesgo de conflicto. Si estas cuestiones son resueltas por la justicia, es ella quien está expuesta a los consiguientes ataques políticos. Y las decisiones de los tribunales consolidan los conflictos mucho más que cuando decide el Legislativo. Los jueces tienen la gran responsabilidad de dejar abiertas ciertas preguntas o de decir que se trata de un asunto político. Este conflicto se puede observar claramente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): de vez en cuando se abstiene y simplemente dice “Dejémoslo en manos de los Estados miembros”, pero en otras ocasiones se entromete bastante en cuestiones sociales.

De hecho, es muy antidemocrático porque la decisión depende solo de tres o cinco jueces.

Exactamente. Y a escala nacional ocurre lo mismo. Es por eso que un tribunal tiene una mayor legitimidad democrática cuando es elegido por el Parlamento o por el pueblo. Creo que esto es importante precisamente por la tendencia actual a judicializar las cuestiones políticas.

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