Sobre «Google y la defensa de los usuarios».

En una reciente publicación del medio online elmundo.com se sostiene que la Comisión Europea se ha convertido, desde hace más de una década, en el azote de los gigantes tecnológicos norteamericanos, con multas cada vez mayores. Su más reciente actuación tuvo lugar la semana pasada, al imponer a Google una por 4.343 millones de euros, algo así como 15 billones de pesos colombianos, una suma tan exorbitante que no solamente se constituye en cifra récord en cuanto a multas impuestas por la Comisaría Europea de Competencia, sino que ha hecho pasar a un segundo plano las consecuencias que el castigo puede tener para la industria de las TIC en el futuro.

En términos concretos, se recuerda, la Comisión Europea acusa a Google de utilizar su sistema operativo Android para reforzar la posición dominante de su buscador. Según cifras de Gartner, empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stamford (EE.UU.), Android tenía en 2017 un segmento de mercado del 85,9 %. Para que se haga una idea de este dominio, revise su propio teléfono móvil y pregúntele a sus compañeros y vecinos cuál sistema utilizan. Gartner añade que en 2017 se vendieron unos 1.300 millones de teléfonos móviles con sistema Android mientras que los iPhones o los iPads apenas alcanzaron los 215 millones.

Pero, se explica a continuación, la sanción no se le impuso a Google por dominar el mercado sino por las prácticas indebidas mediante las cuales se ha posicionado, las cuales, según la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, “han negado a sus rivales la oportunidad de innovar y competir por sus méritos” y “han negado a los consumidores europeos los beneficios de una competencia efectiva”. Después de tres años de investigaciones, la Comisión citó como prácticas indebidas la exigencia de Google a los fabricantes para que preinstalaran su servicio de búsqueda (Google Search) y su navegador (Chrome) como condición para otorgarles la licencia de uso de su tienda de aplicaciones (Play Store); el pago a fabricantes de teléfonos y operadores de redes móviles para que instalaran exclusivamente su buscador y la prohibición a los mismos de vender teléfonos inteligentes con versiones alternativas de Android no aprobadas por Google. Lo que el gigante tecnológico ganaba era dirigir todo el tráfico de los teléfonos y tabletas a su buscador, en tiempos en que más de la mitad de la navegación por internet se hace desde este tipo de aparatos.