En respuesta al desalojo forzoso de decenas de romaníes del campamento de Camping River de Roma, llevado a cabo por las autoridades italianas en contra de un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Catrinel Motoc, directora de campañas sobre Europa de Amnistía Internacional, manifiesta que con el desalojo forzoso de este campamento en contra de la decisión del Tribunal, Italia está no sólo demoliendo los hogares de esas personas y destruyendo sus vidas, sino también incumpliendo sus obligaciones regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Así, sostiene que “dejar sin hogar a decenas de familias romaníes, incluidos niños y niñas de muy corta edad, es un acto cruel e insensible, dirigido contra una minoría que lleva decenios sufriendo las consecuencias de políticas de vivienda discriminatorias”.
A su juicio “el desalojo forzoso de hoy es la última agresión de las autoridades italianas contra la comunidad romaní. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, ha expresado su satisfacción por el desalojo de hoy, señalando que es un avance en materia de “legalidad, orden y respeto, pero lo cierto es que ha sido todo lo contrario".
Motoc espera que “la Comisión Europea, que ha estado investigando las constantes violaciones de la legislación de la UE contra la discriminación cometidas por Italia en el caso de la comunidad romaní, tiene que tomar finalmente las medidas legales que tanto tiempo llevan retrasándose contra Italia y garantizar a esta comunicad la justicia que tanto tiempo lleva esperando”.
Amnistía comenta que había alrededor de 300 romaníes, entre personas adultas y menores, viviendo en Camping River, en Roma, desde 2005.
Añade que Associazione 21 Luglio, ONG con sede en Roma, apeló con urgencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que dictara medidas provisionales con el fin detener el inminente desalojo y garantizar una auténtica consulta y opciones de realojamiento adecuadas a las 300 personas que tanto tiempo llevaban en el campamento. El Tribunal accedió a la solicitud, y esta misma semana ha ordenado a las autoridades italianas detener el desalojo al menos hasta el 27 de julio.
Sin embargo, arguye, las autoridades de Roma siguieron adelante con él alegando razones de higiene. Según la Associazione 21 Luglio, se ha dejado sin vivienda alternativa a alrededor de 100 personas.
Los desalojos forzosos están prohibidos por el derecho internacional en todas las circunstancias y cualquiera que sea su motivo. En virtud de varios tratados regionales e internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Italia tiene la obligación de no llevar a cabo desalojos forzosos ni facilitarlos.
Luego,  Amnistía asegura que  Italia tiene un largo historial de discriminación y segregación de la comunidad romaní en el acceso a la vivienda. En los últimos años se han llevado a cabo centenares de desalojos forzosos y se ha dejado sin hogar o llevado a lugares inadecuados de alojamiento alternativo a miles de personas.
Desde 2012, la Comisión Europea ha estado investigando denuncias de discriminación y segregación generalizadas y sistemáticas de personas adultas y menores romaníes, formuladas contra las autoridades italianas en relación con numerosos desalojos forzosos y casos de discriminación en el acceso a la vivienda y de creación y mantenimiento de campamentos de segregación étnica.
El mes pasado, el ministro del Interior, Matteo Salvini, instó a elaborar un censo para registrar a las personas romaníes y expulsar a las que no tengan la ciudadanía italiana.

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