La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su  profunda preocupación por las asesinatos de defensores de derechos humanos, en especial socioambientales, a la tierra y trabajadores rurales en Brasil.
La CIDH solicita al Estado brasileño abordar las causas estructurales de esos actos de violencia, vinculados con la lucha de estas personas por el derecho al medioambiente, a la tierra y al territorio.
De acuerdo a la Comisión, según un informe recientemente publicado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, por sus siglas en portugués), en 2017 se registraron 71 homicidios relacionados con conflictos de tierras en zonas rurales, lo cual supone un aumento de aproximadamente el 15% frente a los 61 asesinatos registrados en 2016. Al respecto, se observó un marcado incremento en los conflictos por la tierra y agua.
Por otra parte, agrega la CIDH, de acuerdo con el informe anual de Global Witness, Brasil es el país que contabilizó el más alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos y socioambientales en 2017, registrándose en promedio un asesinato de una persona defensora cada seis días, para un total 57 asesinatos en lo que va corrido del año. Esta sería la mayor cifra de ataques fatales a defensores de derechos humanos registrada desde el año de 2002. De acuerdo a ese mismo estudio, el 90% de los asesinatos de defensores tiene lugar en la Amazonía brasileña.
En este sentido, la Comisión advierte sobre los efectos diferenciales de la violencia en el campo sobre comunidades en situación de vulnerabilidad, como trabajadores rurales sin tierra, comunidades afrodescendientes tradicionales – quilombolas -, y pueblos indígenas.
Según la CIDH, entre las víctimas de homicidios de trabajadores rurales, el informe de la CPT registró que durante 2017 las principales víctimas fueron 21 trabajadores rurales sin tierra; 11 correspondían a miembros de comunidades quilombolas; y 6 correspondían a personas indígenas. Asimismo, la CPT apuntó que sólo se investigó el 8% de esas muertes hasta el momento.
“Son alarmantes los números crecientes de muertes de defensores ambientales, afrodescendientes e indígenas en el contexto de violencia en el campo en Brasil, así como las deficiencias estatales para combatir las acciones de actores económicos y del crimen organizado que afectan estas comunidades”, dijo la Comisionada presidenta Margarette Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y sobre los Derechos de las Mujeres.
La CIDH viene monitoreando de manera cercana la situación de la violencia en el campo en Brasil. En 2017, la Comisión, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación con la protección de defensores de derechos humanos en Brasil, en particular, con los líderes de los trabajadores sin tierra.
En este sentido, la Comisión expresó su preocupación por el incremento de la violencia rural en Brasil. Asimismo, la Comisión pidió al Estado que remediara la incertidumbre judicial generada por la falta de reconocimiento territorial de las comunidades quilombolas y observó que esa incertidumbre exacerbaba los conflictos y la situación de vulnerabilidad de esas comunidades.
Así, la Comisión reitera que la ausencia, los retrasos excesivos de los procesos de demarcación y/o titulación de las tierras, así como la interrupción de esos procesos, pueden generar un ambiente propicio para el surgimiento de conflictos, al permitir el ingreso de terratenientes o campesinos en tierras tradicionales o ancestrales. Asimismo, contribuye a la pérdida de territorios y tierras tradicionales; el desalojo, desplazamiento interno y finalmente reasentamiento de las personas afectadas; la destrucción y contaminación del medio ambiente tradicional; el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural de las comunidades afectadas; y su desorganización social y comunitaria.
La CIDH reitera que los Estados de la región están obligados a adoptar medidas prontas e integrales para respetar y garantizar los derechos de las comunidades quilombolas e indígenas al disfrute y control de sus territorios y a vivir libres de todo tipo de violencia y discriminación. Este deber de protección se ve acentuado en tierras demarcadas por vía administrativa. A su vez, la Comisión recuerda que los Estados deben adoptar medidas inmediatas de acción de manera articulada para proteger y garantizar la su reproducción cultural, económica y social de estas comunidades.
En particular, la Comisión destaca que el Estado brasileño tiene la obligación de adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas necesarias para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos de esas comunidades tribales e indígenas, teniendo en cuenta el racismo, la discriminación racial estructural y los riesgos de intolerancia relacionados con ellos a los que se ha sometido a esas comunidades tribales. Esas medidas deben tener como objetivo promover condiciones equitativas para garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión y el progreso de esas comunidades, respetando su identidad social y cultural y sus costumbres, tradiciones e instituciones.
La Comisión exhorta al Estado a seguir investigando estos hechos y otros actos de violencia cometidos contra trabajadores rurales y a castigar a los autores materiales e intelectuales de esos delitos con la diligencia debida, de una manera exhaustiva, seria e imparcial. Eso incluye el desarrollo de líneas de investigación que tengan en cuenta la existencia del interés dirigido a tomar provecho del estado de vulnerabilidad y exclusión de las víctimas, por su origen dirigido étnico y racial o por su labor como defensores y defensoras de los derechos humanos. La Comisión también insta al Estado a intensificar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad que rodea los delitos cometidos contra trabajadores rurales.

Vea texto íntegro del comunicado

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