Amnistía sostiene que luego de su curso sobre derechos de los pueblos indígenas, estudiaron la polémica mina Marlin, en Guatemala, y el esfuerzo realizado por Amnistía Canadá para asegurarse de que todas las personas implicadas supieran que no estaban solas.
El organismo comenta que los pueblos indígenas del departamento de San Marcos (Guatemala) viven principalmente de sus tierras, pues su principal medio de vida es la agricultura de subsistencia. Pero, como suele ocurrir, arguye, sus tierras están amenazadas una y otra vez por empresas mineras extranjeras que intentan beneficiarse a expensas de los pueblos indígenas.
En este caso concreto, señala, la potencia extranjera es Goldcorp (antes Glamis Gold), una empresa canadiense de producción de oro que se está extendiendo por América Central y del Sur en busca de nuevas tierras ricas en oro que puedan explotar.
La mina Marlin, como denunció Amnistía Internacional en un informe de 2014, “ha despertado las protestas de la comunidad desde sus inicios”. Las consecuencias de los enfrentamientos entre manifestantes y policía han sido desde lesiones hasta amenazas y, en última instancia, la muerte de manifestantes como Raúl Castro Bocel, muerto por disparos en 2005.
Para denunciar la violación de derechos humanos y, en concreto, de derechos de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional publicó un informe en 2014 basado en años de investigación titulado La minería en Guatemala: Derechos en peligro. Este informe daba a conocer situaciones como la de San Marcos, denunciando violaciones de derechos humanos y apoyando a los pueblos indígenas en su derecho a ser consultados antes de que ocurra algo en las tierras que son su hogar y su medio de vida.
En su intento de llegar al mayor número posible de personas, Amnistía Internacional Canadá decidió crear una serie radiofónica en la que adaptó el informe en español, mam y sipakapense (lenguas indígenas mayoritariamente orales que apenas se escriben). Fue una serie creada por las personas que protagonizaban la historia (los pueblos indígenas afectados por el caso) para ellas mismas, un cuento personal con el que se identificarían todas las personas implicadas. También fue una iniciativa extraordinaria de educación en derechos humanos que abriría las puertas a la educación a muchas personas normalmente olvidadas.
Tara Scurr, encargada de campañas sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Canadá, dice que “sabíamos que los informes escritos en español o en inglés no sirven de nada para muchas de las personas —sobre todo las mujeres— a las que entrevistamos debido al elevado nivel de analfabetismo y porque el español suele ser una segunda o tercera lengua”.
Eso, manifiesta Amnistía, era algo de lo que se habían aprovechado las empresas, haciéndoles firmar documentos en los que accedían a “varias cosas” que no entendían. Ejemplifica el caso de una mujer hablante de mam firmó unos documentos en los que accedía a la instalación de un tendido eléctrico de alta tensión en sus tierras. Cuando intentó que lo quitaran, Goldcorp la demandó ante el juzgado. La mujer fue absuelta, pero la situación no se habría producido nunca si hubiera entendido lo que estaba firmando.
Explica a continuación, que la radio comunitaria es fácilmente accesible y la escuchan muchas personas de estas comunidades, lo que abría una puerta para que Amnistía Canadá contribuyera a informar a toda la población de sus conclusiones. Su meta era ayudar a entender los marcos legales que rodean la minería y los derechos humanos (sobre todo los derechos indígenas), pero también prevenir que el informe de Amnistía fuera malinterpretado, al mismo tiempo que aclarar las ideas falsas y rumores habituales. Su objetivo final era informar a las comunidades de estrategias en las que podían participar para proteger sus derechos humanos.
Tara insiste en la importancia de implicar a quienes colaboraron en el informe: “Queríamos devolver algo a la gente que se arriesgó a reunirse con nosotros”, dice; y añade: “Pero no queríamos darles un sermón a distancia a través de la radio”. La idea permitió que el informe se integrase orgánicamente con “las personas del lugar que contaban sus propias historias sobre resistencia, derechos humanos, la presencia de la mina en su vida y sus esperanzas para el futuro”. Al fin y al cabo, ¿quién está mejor preparado para hablar sobre esto que las personas que viven en esta situación y la entienden de primera mano?
Cabe señalar, dice Amnistía que el informe y la serie radiofónica fueron un éxito y llegaron a muchas comunidades a las que les hizo saber que no están olvidadas en su esfuerzo. Sobre todo, informó a las personas de la situación y les mostró que no estaban solas en su lucha.
Para el futuro, Tara espera hacerla aún más accesible para quienes no la escucharon cuando se emitió el año pasado, creando, además, “una guía de debate y materiales para que los educadores y las educadoras comunitarias puedan usar la serie para hacer talleres en sus comunidades”. También quiere hacer que la serie esté disponible en línea y traducirla al francés y al inglés para llegar a más personas.
La mina llegó hace poco al final de su ciclo de vida previsto, pero la lucha continúa: “Hay un gran conflicto ahora mismo en la comunidad con la empresa y el Gobierno en torno al cierre, la reparación y la fase posterior al cierre de la mina”, dice Tara.
Finalmente, Amnistía asegura que las casas dañadas, las fuentes de agua potable que se han secado y los problemas de salud son sólo algunas de las consecuencias que tienen que afrontar ahora estas comunidades. Y aun así, muchas otras comunidades siguen luchando activamente por sus tierras contra otras empresas que intentan aprovecharse de sus hogares. Pero gracias a esta serie radiofónica y al desarrollo de otras por el mismo equipo, saben que no son las únicas que luchan por la justicia.

RELACIONADOS
*CS ordena a sociedad agrícola restituir símbolo religioso a comunidades indígenas…
*CIDH otorga medidas cautelares a favor de autoridades y miembros de Resguardos Indígenas Siona en departamento de Putumayo, Colombia…