TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma que incidiría en caso en que se pretende castigar grabación de mensajes de Diputado por WhatsApp.

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los incisos primero y segundo del artículo 161-A del Código Penal.

La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en los que el requirente es querellado e imputado por el delito de grabación de comunicaciones de carácter privado y su difusión.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional expuso que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto, por lo cual las intervenciones que puedan dañarlo solo se justificarán si la difusión de las imágenes privadas contribuye al debate público y no se orienta simplemente a satisfacer la curiosidad pública. Sin embargo, también todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, con tal que el ejercicio de este derecho –que no puede estar sujeto a censura previa- no sea abusivo, como lo prescribe el artículo 19 N° 12 de la Constitución en su inciso final. Para que se configuren responsabilidades ulteriores derivadas de tal abuso, se nace necesario que estás sean “expresamente fijadas por la ley” y que se extiendan solo a las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de ciertos valores.