CS rechazó protección respecto de la Contraloría General de la República por representar resolución que aprobaba servicio de alimentación del Centro Metropolitano Norte del Sename.

La Corte Suprema rechazó la acción de protección deducida por una profesora de educación básica, por sí y en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) y un trabajador social, por sí y en representación la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename, en favor de los funcionarios dependientes de dicho órgano que prestan servicios en el Centro Metropolitano Norte Comuna de Til Til, como asimismo de los niños internos de ese centro, en contra de la Contraloría General de la República, por representar la Resolución N° 48 de 2017 emitida por el Sename que aprobó las Bases Administrativas, técnicas, anexos, formatos y contrato tipo para la contratación del servicio de alimentación del Centro Metropolitano Norte, tanto para los internos como para los funcionarios del Sename que laboran en el mismo.

Los recurrentes indicaron haberse vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica, pues se impide al Sename adoptar los medios personales y materiales íntegros para el cumplimiento de su función pública, colocando a los funcionarios a cargo de menores vulnerables en situación, a su vez, de vulnerabilidad. Asimismo, señalaron que se infringió la igualdad ante la ley, ya que al aplicar erradamente la norma estándar de manera igualitaria a los funcionarios que prestan servicios en condiciones distintas, y no atender al artículo 3 de la Ley 18.575, ha generado diferencias entre funcionarios ante funciones distintas, y en consecuencia, entre las personas a las que se presta el servicio, en el caso adolescentes.

En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que en el recurso no se efectuó determinación alguna respecto de las personas en cuya representación se está accionando, de lo cual aparece de modo palmario que no se acreditó en la especie el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman como afectadas, por lo que carece de la legitimación activa necesaria para accionar como ha acontecido. Además, las dos personas que reclaman por sí no acreditaron estar en la situación a que se refiere el recurso, circunstancia que impide limitar el análisis a ellas.