Se solicitó a la Contraloría General de la República -por parte de una funcionaria de la Municipalidad de Puerto Montt, una funcionaria de Gendarmería de Chile y una funcionaria de la Universidad de Los Lagos- que se aplique el límite del 15%, a los descuentos voluntarios establecido en el artículo 96 de la Ley N° 18.834, a sus créditos sociales suscritos con las cajas de compensación que señalan, en virtud de lo dispuesto en el dictamen N° 3.646, de 2017.
A su vez, la Superintendencia de Seguridad Social consulta acerca de la vigencia del citado dictamen.
Por su parte, la Dirección de Presupuestos informó que procede la aplicación del señalado pronunciamiento; en tanto, Gendarmería de Chile indica que los periodos en los que estima, el referido dictamen ha estado vigente y la Universidad de Los Lagos detalla los descuentos que efectúa a su trabajadora.
Al respecto, el ente contralor recuerda que su dictamen Nº 3.646 de 2017, reconsideró la jurisprudencia vigente sobre la materia, estableciendo que, acorde con lo previsto en el artículo 96 de la Ley N° 18.834, los descuentos para el pago de créditos sociales en favor de las cajas de compensación, al ser fijados por un acuerdo entre el empleado y el acreedor, tienen el carácter de voluntarios y, por ende, se encuentran afectos al límite del 15% que consigna el citado precepto.
Se agrega enseguida que el cambio de jurisprudencia introducido por este último pronunciamiento, por razones de resguardo del principio de certeza jurídica, únicamente se aplica hacia el futuro, sin afectar las situaciones particulares constituidas durante la vigencia del criterio que ha sido sustituido, lo que resulta armónico con lo informado en sus dictámenes N°s. 65.125, de 2009 y 77.745, de 2014, entre otros.
A continuación, la Contraloría General hace presente que la Corte Suprema, conociendo de la apelación deducida en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa de protección, revocó la resolución de esta última, señalando que el dictamen N° 3.646, de 2017, “no es ilegal ni arbitrario, razón por la cual no se han conculcado las garantías que las recurrentes han invocado en el recurso de protección interpuesto”, concluyendo el rechazo de la acción constitucional impetrada en contra del aludido dictamen.
De esa manera, el órgano contralor sostiene que el aludido dictamen N° 3.646, de 2017, resulta aplicable a todos los créditos sociales suscritos con las cajas de compensación desde su emisión, esto es, el 2 de febrero de 2017, hasta la dictación de la orden de no innovar emanada la de Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 16 de marzo de 2017, periodo en el cual suspendió su aplicación hasta el día 9 de mayo de 2018, momento desde el que adquiere plena vigencia.
Vea texto íntegro del Dictamen Nº 20.903 de 2018.
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