La Comisión especial del Senado encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, respecto a la norma que modifica la ley de menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias, continúa con la ronda de audiencias.
La propuesta, en primer trámite, ya fue respaldada en general por la citada instancia, como así también por la Sala en la pasada sesión ordinaria.
En la última sesión, los congresistas escucharon al juez de familia y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Francesco Carretta, quien se mostró a favor de la iniciativa pero expuso algunas dificultades prácticas que tendría su materialización, por lo que planteó algunas sugerencias.
El presidente de la instancia, el senador Manuel José Ossandón valoró la visita del jurista, explicando que “nos plantea una serie de aspectos que deberán mejorarse. Creemos que la idea es buena pero hay que perfeccionarla vía indicaciones. Lo que no queremos es que sea una ley imposible de cumplir”.
Por su parte, el juez Carretta destacó la idea de generar una participación más activa de los jueces de familia respecto de los niños internados en hogares. “Nos parece positivo que los menores puedan asistir la revisión de su caso, y si este no desea hacerlo, se respete esa voluntad pensando en los tratados internacionales. Lo considero un avance porque hoy ese procedimiento se hace por escrito. No veo miedo, en esta iniciativa, a la victimización secundaria, porque en materias de familias ese fenómeno no se da, no así en lo penal”, dijo.
En lo que se refiere a las mejoras que habría que hacer el texto, el académico recomendó estudiar con cuidado la llamada figura del curador ad litem, a la que calificó como inorgánica. “Este no es un recurso estable del sistema, por lo que me orientaría más a generar la figura de un abogado del niño, quien tenga una relación más cercana y constante con él”, planteó.
Cabe señalar que se entiende por curador ad litem al abogado, designado por un juez de Tribunales de Familia, que representa a un menor, en  aquellos casos en que éste carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda legalmente su representación.
El abogado insistió en que el tribunal que decreta la medida de internación, debe ser el encargado de ejercer el debido control. Al respecto, declaró que “en el caso de Valparaíso no vemos un atochamiento de causas. Nosotros cumplimos el control cada 6 meses. Ahora se quiere pasar a 3 meses. Puede que otros tribunales tengan una sobre-carga de trabajo y no puedan cumplir con esa meta. Habría que hacer los estudios para que la ley no sea letra muerta”.
Luego, la senadora Rincón consultó por la realidad de los tribunales de familia en cuanto al volumen de medidas de internación que se decretan. En tal sentido manifestó que la realidad en el país es muy diversa, por lo que “habría que estudiar cómo estos cambios afectan el sistema”.
Enseguida, la parlamentaria Von Baer, en la misma línea, hizo ver la situación de los tribunales de Valdivia comparándola con la realidad de la Región Metropolitana o el norte. “Me preocupa que hoy no se cumpla el plazo de 6 meses. Ahora lo estamos dejando en 3 meses, entonces es la idea que se pueda cumplir. No hay capacidad para hacer seguimiento a las causas”, recordó.
Más tarde, el senador Juan Pablo Letelier sostuvo que “lo perfecto es enemigo de lo bueno, por eso soy partidario de avanzar con este proyecto y después ir haciendo las mejoras necesarias. Si con esta ley podemos mejorar la calidad de vida de algunos niños que viven en residencias, creo que el objetivo está cumplido”.

Sobre el proyecto

La norma de autoría de los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana y Álvaro Elizalde, busca introducir tres cambios a la ley de menores, de manera de salvaguardar a los niños que han sido alejados de sus padres y se encuentran al cuidado de una institución residencial.
Actualmente el artículo 30 de la citada norma, establece como una facultad del juez el ordenar el ingreso del menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial, cuando los niños, niñas o adolescentes resulten gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, siempre que resulte indispensable separarlo de su medio familiar o de las personas que lo tienen bajo su cuidado.
Los congresistas hacen ver la necesidad de esta medida sea revisada periódicamente. El sentido de la norma es entender que la medida de internación en residencias tiene un carácter excepcional y transitorio, eso significa ejercer un control periódico sobre ésta revisando su sentido, lo que en la realidad no se estaría cumpliendo.
Hoy el tribunal de familia respectivo conoce la realidad del menor a través de la recepción de un informe y la materialización de un control cada seis meses. Así, la idea es que de ahora en adelante, el juzgado realice una audiencia para escuchar a las partes y a la vez se realice un control cada tres meses.

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