Amnistía Internacional afirma que la demolición prevista para el lunes de un pueblo de Cisjordania y el traslado forzoso de sus residentes para dejar sitio a asentamientos judíos ilegales es un crimen de guerra que deja al descubierto el cruel desprecio del Gobierno israelí por la población palestina.
El organismo sostiene que unas 180 personas residentes en la comunidad beduina de Jan al Ahmar, al este de Jerusalén, se enfrentan a que el ejército israelí las desaloje a la fuerza y las traslade. Las autoridades israelíes han ofrecido a los lugareños la posibilidad de elegir entre dos posibles ubicaciones: una, cerca del antiguo vertedero municipal de Jerusalén y del pueblo de Abu Dis, y la otra, junto a una planta de aguas residuales cerca de la ciudad de Jericó.
“Tras casi diez años de intentar combatir la injusticia de esta demolición, las personas residentes en Jan al Ahmar ven aproximarse ya el devastador día en que lo que ha sido su hogar desde hace generaciones será demolido ante sus ojos”, declaró Saleh Higazi, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Enseguida agrega que “es un acto no sólo cruel y discriminatorio, sino ilegal. El traslado forzoso de la comunidad de Jan al Ahmar constituye un crimen de guerra. Israel debe poner fin a su política de destruir los hogares y las formas de vida de la población palestina para dejar sitio a asentamientos”.
Amnistía relata que Jan al Ahmar, donde vive la tribu beduina yahalín, está rodeada por varios asentamientos ilegales israelíes. Los miembros de la tribu llevan más de 60 años luchando para conservar su forma de vida. Expulsados de sus tierras del desierto del Néguev/Naqab en la década de 1950, han sido sometidos de manera recurrente a hostigamiento, presión y reasentamiento por los sucesivos gobiernos israelíes.
A finales de agosto de 2017, el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, anunció que su Gobierno iba a evacuar a la comunidad entera en unos meses. El Tribunal Supremo de Israel ha fallado dos veces a favor de la demolición de todo el pueblo de Jan al Ahmar, primero el 24 de mayo de 2018 y posteriormente, tras un recurso desesperado interpuesto por los residentes, el 5 de septiembre de 2018. La orden de demolición incluye la escuela del pueblo, construida con neumáticos, en la que estudian unos 170 niños y niñas de cinco comunidades beduinas.
El Tribunal determinó que el pueblo se había construido sin los permisos de edificación necesarios, algo que es imposible conseguir para la población palestina de las partes de Cisjordania controladas por Israel, conocidas como “Zona C”.
Luego, Amnistía manifiesta que las políticas de Israel de establecer a civiles israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, destruir cruelmente sus propiedades y llevar a cabo traslados forzosos de población palestina que vive bajo ocupación violan el cuarto Convenio de Ginebra y constituyen crímenes de guerra, tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Amnistía expone que desde 1967, Israel ha sometido a desalojo y desplazamiento forzosos a comunidades enteras y ha demolido más de 50.000 viviendas y estructuras palestinas.
Cabe recordar que el 30 de septiembre, ante la fecha prevista para la demolición, el 1 de octubre, Amnistía Internacional y Jewish Voice for Peace lanzaron una tormenta en Twitter dirigida a la Coordinación de las Actividades en los Territorios, un departamento del Ministerio de Defensa israelí que aplica la política gubernamental en la “Zona C” de Cisjordania.

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