TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma que restringe recurso de apelación y que incidiría en proceso por desafuero parlamentario en Caso Penta.

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 418 del Código Procesal Penal.

La gestión pendiente incide en un recurso de apelación de desafuero parlamentario de que conoce la Corte Suprema, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que rechazó la solicitud de desafuero en contra del diputado Felipe de Mussy.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional señaló que estuvieron por rechazar el requerimiento los Ministros Peña, García, Hernández Emparanza y Vásquez, quienes estimaron que el precepto impugnado no se opone al inciso segundo del artículo 61 de la Constitución Política, en la medida que la apelación a que dicha norma se refiere, abarca tanto la hipótesis de que la Corte de Apelaciones respectiva acoja el desafuero como aquélla en que lo deniegue. Agregaron que los casos en que la Corte Suprema ha conocido de apelaciones contra la resolución que denegó el desafuero de un parlamentario, no sólo han tenido en cuenta la historia del establecimiento de las normas referidas al desafuero, sino que, muy especialmente, la aplicación del principio de “igualdad de armas” propio del sistema acusatorio en materia penal. La invocación del derecho a la igualdad de armas –como componente esencial del debido proceso legal- permite también rechazar el requerimiento de autos en conexión con el criterio hermenéutico de “unidad de la Constitución” aplicable también a la decisión de este caso concreto. En efecto, de no aplicarse este criterio interpretativo resultaría que, en la especie, el Ministerio Público quedaría privado de la posibilidad de apelar de la resolución de la Corte de Apelaciones que niega lugar al desafuero, a diferencia de la posibilidad que sí le asistiría al diputado De Mussy de apelar, en caso que la resolución de la Corte hubiese concedido el desafuero.