Suspensión con disidencia.
TC se pronunciará respecto de admisibilidad de inaplicabilidad que impugna norma que establece exclusión temporal para contratar con el Estado a quienes tengan condenas laborales.
La decisión de suspender la gestión pendiente fue acordada con el voto en contra del Ministro Hernández Emparanza, quien estuvo por no hacer lugar a dicha solicitud, por ahora.
El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna la parte final del inciso primero del artículo 4 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
La disposición cuestionada establece, en síntesis, que quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal serán excluidos de participar en procesos de contratación con el Estado.
La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de unificación de jurisprudencia, donde la empresa requirente fue condenada por incurrir en la conducta prevista en el artículo 289 letra f) del Código del Trabajo, es decir, negarse a reincorporar a un dirigente sindical aforado.
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