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Iniciativa popular internacional «Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros» pide que el derecho suizo prime sobre el derecho internacional.

El 25 de noviembre el pueblo suizo votará esta iniciativa. Para sus adversarios esta iniciativa debilita la tutela de los derechos humanos.

29 de octubre de 2018

En una reciente publicación del medio swissinfo.ch se da a conocer el artículo “Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros: ¿de qué se trata?», de la periodista Sibilla Bondolfo.
Recuerda que la iniciativa popular ‘Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros’ fue lanzada por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora). Su propósito es incorporar a la Constitución un artículo que establezca que la Constitución suiza es la fuente suprema del derecho suizo, y no el derecho internacional.
La idea básica, explica Bondolfo, es que las decisiones tomadas por el pueblo suizo estén por encima del derecho internacional, o dicho de otra manera, que la democracia directa no esté sometida a los tratados internacionales. Según los autores del texto, la iniciativa surge como reacción a la ¿Cuál es la situación actual?

A continuación, la periodista señala que la legislación suiza actual no establece de manera clara ni detallada la jerarquía entre el derecho internacional y la Constitución federal. La doctrina y la jurisprudencia parten del principio de primacía del derecho internacional, aunque esto no esté explícitamente señalado en la Constitución.
La vaguedad de la Constitución en este aspecto confiere a los tribunales un amplio margen de maniobra. En varias ocasiones, cuando se producía alguna colisión entre el derecho internacional y la Constitución, el Tribunal Federal (la más alta instancia judicial suiza) ha tenido que determinar cuál de ambos derechos debía prevalecer. El artículo 190 de la Constitución suiza se limita a indicar que ambos derechos son igualmente “determinantes” para los tribunales.
Es decir, detalla Bondolfo, la propia Constitución no se define a sí misma como determinante. Esto permite que el Parlamento pueda eludir, de manera relativamente fácil, la aplicación de los resultados -no deseados- de algunas iniciativas populares, implementándolos solo a medias. Cabe recordar que una iniciativa popular supone una enmienda de la Constitución y que es el Parlamento el que elabora posteriormente las leyes que desarrollan e implementan esa enmienda. Pero los tribunales lo que aplican son las leyes de implementación –aunque sean descafeinadas- y no el artículo constitucional modificado por la iniciativa popular. Y esto es precisamente lo que irrita a los promotores de la iniciativa.

Fundamentalmente, indica la periodista, la iniciativa propone que la Constitución suiza prevalezca sobre el derecho internacional. De esta prevalencia están excluidas las disposiciones vinculantes del derecho internacional, como la prohibición de la tortura o la esclavitud. Pero en caso de conflicto entre la Constitución Federal y el derecho internacional, Suiza deberá modificar o rescindir los tratados de derecho internacional. Y en el futuro solo serán determinantes para los tribunales los tratados internacionales que hayan sido sometidos a referéndum.

Luego Bondolfo se refiere a los argumentos de los promotores de la iniciativa. Los autores del texto afirman que la democracia directa se encuentra actualmente en peligro y pretenden defenderla o restaurarla con su iniciativa. Según la UDCE, el derecho a la autodeterminación de que dispone el pueblo suizo, fundado en la democracia directa y “único en el mundo”, quedó sin vigencia cuando el Tribunal Federal decidió en 2012 hacer prevalecer el derecho internacional sobre la Constitución Federal.
En consecuencia, el Gobierno y el Parlamento no implementaron la decisión de la voluntad popular invocando el acuerdo de libre circulación de personas firmado con la UE o la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). Y señalan al mismo tiempo que las autoridades y organismos internacionales amplían continuamente el alcance de los tratados internacionales, sin que el pueblo suizo tenga nada que decir al respecto.
Por eso, los promotores consideran su ‘iniciativa por la autodeterminación’ como un “sí a la democracia directa”. En el futuro las decisiones populares no podrán invalidarse invocando tratados internacionales, como en el caso de la iniciativa contra la inmigración en masa, o la iniciativa de expulsión de los extranjeros delincuentes. Esta iniciativa trata por lo tanto de responder a la cuestión fundamental de si Suiza quiere seguir siendo una democracia directa.

La periodista expone que es difícil señalar qué consecuencias tendría la iniciativa. No obstante, estos serían los puntos más sobresalientes:
Rescisión de acuerdos: Según los adversarios de la iniciativa, habría que revisar cerca de 5 000 tratados internacionales en busca de contradicciones, y en su caso, renegociarlos o rescindirlos. Estarían en riesgo unos 600 acuerdos importantes para la economía. Sin embargo la UDC afirma que no está bajo amenaza ningún acuerdo fundamental para la economía nacional, porque este tipo de tratados no entran en conflicto con la Constitución.

Seguridad jurídica: Los promotores creen que la iniciativa aumentará la seguridad jurídica al especificar que la Constitución Federal es la fuente suprema del derecho. En la actualidad no está claro cómo dirimir un conflicto entre el derecho constitucional suizo y el derecho internacional. Por el contrario, los adversarios consideran que la iniciativa creará inseguridad jurídica a causa de su incoherencia, porque no se indica qué tratados internacionales deberán ser renegociados o rescindidos y quién tendrá la competencia para decidir sobre ello.

Problemas con la UE:  Los adversarios a la iniciativa temen que tengan que ser denunciados los acuerdos bilaterales con la UE. La UDC no parece precisamente querer mantenerlos a toda costa y ha presentado ya una nueva iniciativa que propone poner fin al acuerdo sobre libre circulación de personas con la UE.

Consecuencias económicas: la Federación de Empresas suizas economiesuisse sostiene que la iniciativa por la autodeterminación pone en peligro la plaza económica suiza. En cambio, la UDC considera que la democracia directa es garantía de una plaza económica estable y atractiva.

Enseguida, la autora dice en el texto que El Consejo Federal recomienda votar en contra porque la iniciativa pone en riesgo los tratados internacionales, genera una gran inseguridad jurídica y supone una amenaza para la plaza económica y comercial de Suiza. Considera que también se debilitaría la protección de los derechos humanos.

Finalmente, con respecto a este punto sostiene que las dos Cámaras Federales han rechazado también la iniciativa: el Consejo Nacional (cámara baja) por 129 votos contra 68 y el Consejo de los Estados (cámara alta) por 38 contra 6. Entre los principales partidos solo la UDC apoya la iniciativa.

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