TC acogió parcialmente inaplicabilidades que impugnaban normas que regulan investigación en sistema penal antiguo que incidiría en proceso por violaciones a los DDHH.

El TC acogió dos requerimientos de inaplicabilidad que impugnaban los artículos 193, 205, 318, 330 inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal.

Las gestiones pendientes inciden en autos criminales, sustanciados ante el Ministro de Fuero Carlos Aldana Fuentes, en los que el requirente fue sometido a proceso como autor de los delitos de secuestro de Arturo Prat Marti y Gregorio Retamal Velásquez y homicidio calificado de Patricio Weitzel Pérez, y como autor del delito de secuestro de Leopoldo López Rivas y Robinson Ramírez del Prado, respectivamente.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional expuso, respecto a la constitucionalidad de la expresión “y secretamente” del artículo 205 del antiguo Código de Procedimiento Penal, que el precepto puede ser constitucionalmente impugnado cuando la realización “secreta” de una diligencia sumarial amaga dejar al afectado en una posición procesalmente desmedrada, lo que no se sanea por dársele a posteriori conocimiento del expediente. Ello es precisamente lo que ocurre en este caso, pues el requirente, no obstante negar reiteradamente su participación en los delitos que se investigan, es sometido a proceso por resolución de 2 de agosto de 2017, basándose el juez en un conjunto insoluble de declaraciones y expresiones vertidas por terceros, en sendas diligencias practicadas secretamente. Así, la aplicación dada a este precepto impide conocer cuál fue el contenido completo de las diligencias testimoniales practicadas, cuál fue el tenor preciso de las preguntas formuladas a cada deponente en particular, así como obsta apreciar la dirección final que al conjunto de los interrogatorios le dio el juez instructor en su oportunidad; mismo que a posteriori actuará como juez sentenciador. Comoquiera que el contenido de dichas audiencias no aparecerá transparentado completamente en las actas levantadas al efecto, ello deja al imputado desde ya en una situación desmejorada. Aunque se aduzca que a posteriori se pudo enterar de tales piezas probatorias, por habérsele otorgado conocimiento del expediente, éstas diligencias permanecerán inalteradas y sobre la base de esas mismas evidencias, recogidas y expresadas de esa forma secreta, es que al juez le es dable después acusarlo y, en definitiva, condenarlo. En efecto, tal como se reflexionó en la sentencia Rol N° 4391, en el artículo 19, N° 3, inciso sexto, la Constitución garantiza a todas las personas un procedimiento justo y racional, cuya significación debe acentuarse todavía más tratándose de investigaciones y juicios penales, cuando el estado se encuentra en condiciones de ejercer su potestad punitiva, esto es, el más penetrante de los poderes de coacción que le es dable imponer sobre las personas. Máxime si, como ocurre en este caso, se está aplicando al requirente un Código de Procedimiento Penal que data de 1906, y que se encuentra derogado para el resto de los ciudadanos, precisamente –entre otros déficits garantizadores- por contemplar un proceso sumario que, no obstante resultar determinante para sentenciar, se lleva a cabo en el más absoluto secreto. Cabe señalar que la jurisprudencia del TC ha sostenido con rotundidad que, entre los presupuestos mínimos que permiten connotar la existencia de un proceso justo y racional, naturalmente se encuentran la publicidad de los actos jurisdiccionales y el derecho a buscar las fuentes de prueba y poder intervenir en la formación de ellas.