En una reciente publicación del medio español Confilegal se da a conocer el artículo “La Justicia es el segundo valor superior del ordenamiento jurídico en la Constitución”, de Javier Ródenas, Fiscal decano de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.
Sostiene que la justicia es nombrada en la Constitución como el segundo valor superior del ordenamiento jurídico (solo por detrás de la libertad) del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España.
Sin embargo, arguye, a punto de cumplirse 40 años de la entrada en vigor de la Carta Magna española, este artículo primero que encierra una norma fundamental del Estado al dibujar, nada más y nada menos, que la arquitectura constitucional de ese país, está perdiendo valor.
Asegura, que se deprecia al tiempo que se desprecia a la justicia por las continuas e indisimuladas injerencias de la clase política y por la falta de interés en acometer una profunda reforma que la sitúe en el siglo en el que vive no en el que fue concebida.
A continuación, asegura que la justicia está perdiendo su espacio independiente y lo está perdiendo, en gran medida, por la incapacidad política de alcanzar un consenso, un pacto de Estado que vuelva a poner en alza al segundo valor superior proclamado en la suprema norma del ordenamiento jurídico.
Asegura, que ignorar la situación actual en la que la mayor parte de las carreras judicial y fiscal han ejercido el derecho a la huelga -en apenas seis meses y a dos Gobiernos distintos- es usar la venda de la dama de la justicia para no querer mirar la realidad. Sustraerse del contexto es eludir la responsabilidad.
Por ello, dice que ha llegado la hora de que las distintas formaciones políticas salgan del bucle de la promesa incumplida.
El interés por la justicia, expone el autor,  se mide en el reflejo real que arroje  la aritmética, en la partida de gasto público que el Estado destine a justicia.
Este, indica, es el verdadero interés (más allá de la ilusión de una promesa) por el que se puede y debe ponderar qué importancia tiene para un Gobierno uno de los tres pilares básicos de nuestro Estado de Derecho. Lo demás, son espejismos de palabras.

INTERÉS Y CONSENSO

Luego, el fiscal asevera que igualmente un examen de las distintas reformas legislativas constituye el indicador de cuál ha sido el grado de consenso entre las distintas formaciones políticas, para dotar de instrumentos normativos eficaces con los que aplicar y resolver los miles de pleitos que ordinariamente se resuelven en España por los jueces y fiscales. Desolador es el interés y nulo el consenso.
Entretanto, añade, nadie duda de que la independencia del Poder Judicial ( título VI de la Constitución) es el antídoto preciso para evitar la politización de la justicia. El reverso de la influencia es la autonomía. La salvaguarda a toda tentación política de influir es blindar con independencia y soberanía a la justicia.
Asimismo, recomienda que  para que funcione mejor el servicio público de la justicia, es básico, dotarla de los medios necesarios para que su pesada maquinaria sea ágil y rápida en su respuesta.
Enseguida, destaca que no es autocomplacencia afirmar que tenemos los mejores jueces y fiscales de Europa, al contrario, da pena que siendo de los más preparados -tras el duro proceso selectivo que hay que superar- el número sea insuficiente para atender las altas responsabilidades encomendadas en cada uno de los cientos de procedimientos que durante un solo año engrosan las abultadas cargas de trabajo.
Concebir, señala, el órgano judicial como un espacio del que sacar el papel amontonado a costa de sacrificar la reflexión y el estudio de cada causa con su debido tiempo es eliminar de la ecuación y de la solución del problema precisamente lo que hace justa a la decisión que se adopte: su vocación de servicio público.
Lamentablemente, continúa, suele ofrecerse esa desnortada imagen y, lo que es peor, esa concepción de lo que representa nuestro trabajo.
¿Cuántos gritos de huelga han de sumarse para que la voz llegue a todas las formaciones políticas?, se pregunta.

ELEGANCIA DE LA DIGNIDAD

No puede sustraerse, sostiene, del comunicado del Excmo. Sr. D. Manuel Marchena, tiene la elegancia de la dignidad.
A su juicio, representa el clamor de un grito escrito con las voces de miles de jueces y fiscales. Es el “basta ya” más digno que pueda imprimirse en una pancarta. Es el portazo más respetable a una invitación politizada. El quítenme esas siglas de encima más honesto que se haya dibujado en cuatro puntos.
El comunicado, además, a su  parecer, tiene el mérito de dejar una enseñanza “no concebir el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política  para controlar el desenlace de un proceso penal”.
Por último hace un llamado a los Señores Políticos : Se les exige que lleguen a un consenso y que dejen de concebir a la justicia como un instrumento al servicio de una opción política para controlar al poder judicial. Curen a la justicia de esta gripe de politización y desidia. Dispensen entre sus formaciones vacunas de independencia, dosis de no injerencia y repartan en sus programas electorales más atención al segundo valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Está en juego el equilibrio de nuestro Estado de Derecho.

RELACIONADO
*¿Qué es la justicia poética y en qué consiste?…