La moción de los diputados Brito, Garín, Girardi, Hernando, Matta, Mellado, Orsini, Pérez, Sepúlveda y Vidal, expone que una familia puede gastar en promedio cerca de $ 160.000 mil pesos por cada hijo en textos escolares, lo que representa el 73% del presupuesto de la lista de útiles. De esta forma, el mercado privado concentra el 55% del valor de ventas, pero en unidades es solo el 10% del total. Así, el mercado de textos escolares se encuentra estrechamente vinculado con la economía familiar chilena.
Los autores agregan que los textos escolares constituyen un apoyo considerable a la función docente y a la enseñanza. Se estima que el porcentaje de uso en clases del texto escolar se encuentra por sobre el 90%. Sin embargo, los textos y materiales no solo constituyen un elemento clave en la experiencia educativa del estudiante, también son un apoyo a la función docente ya que pueden complementar el contenido entregado en aula o bien ser un apoyo en la preparación pedagógica de los contenidos con los que se trabajará en la sala de clases.
Adicionalmente, explican que en nuestro país la entrega de textos escolares es una política pública de suma importancia aplicada anualmente por el Ministerio de Educación. Asimismo, el Sernac –por medio de distintos estudios- indica las diferencias de los textos escolares que existen en los puntos de venta, lo cual abre una oportunidad de reflexión sobre este mercado y su relación con el derecho a la educación.
En ese sentido, añaden que la Fiscalía Nacional Económica inició un estudio del mercado de los textos escolares, investigando la concentración económica y las existencias de barreras de entrada al mercado. Este estudio permitirá mejorar las actuales licitaciones que realiza el Estado; sin embargo, no permitirá tener un marco regulatorio sobre los textos escolares.
En síntesis, afirman que este proyecto de ley busca sistematizar diversas iniciativas, entregando por primera vez definiciones legales sobre textos escolares y materiales didácticos. Del mismo modo, busca diferenciar los textos obligatorios de aquellos que son complementarios en razón de las recomendaciones de cada establecimiento.
De este modo, los autores manifiestan considerar relevante ponderar el rol del Estado como proveedor de aquellos textos que son adquiridos mediante compras públicas, con la libertad de enseñanza de cada establecimiento en virtud de su proyecto educativo. Junto con eso, opinan que es imperativo darle potestades a los Centros de Padres y Apoderados, quienes al menos debieran tener el derecho a ser informados cuando el establecimiento decide cambiar los textos y materiales de estudio que recomiendan a sus estudiantes.
Concretamente, afirman que dicho marco regulatorio que proponen como normativa del acceso a textos escolares debe insertarse dentro de la Ley General de Educación. Dentro de esta ley, específicamente en su artículo 10º, se regulan los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa. En este artículo –manifiestan- debieran integrarse normas que regulen el acceso a los textos escolares y materiales didácticos.
Finalmente, consideran apropiado distinguir y establecer normas generales y particulares que aseguren el acceso para los estudiantes y el ejercicio del proyecto educativo que el sostenedor promueva. Del mismo modo, ven necesario incluir normas que generen incentivos al reciclaje y la reutilización de textos y materiales en una cultura cooperativa y solidaria de la comunidad educativa.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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