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Por mayoría.

Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que sanciona conductas contrarias a convivencia ciudadana y aumentan inseguridad en la población.

Sin embargo, se anticiparon perfeccionamientos, con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 14 de enero de 2019.

30 de noviembre de 2018

La Sala del Senado otorgó el respaldo a la idea de legislar por 23 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, sobre el proyecto, en primer trámite constitucional, que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población, con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 14 de enero de 2019.
Así, durante el debate se anunciaron algunos perfeccionamientos y también se hicieron presente las dudas sobre el enfoque de esta legislación de corte más punitivo, en lugar de poner énfasis en la convivencia social.
Cabe señalar que el objetivo de esta legislación es regular las denominadas “incivilidades”, a fin de recuperar los espacios públicos para las personas y rechazar actos de vandalismo o desorden que perturben la convivencia social.
De esta forma se sancionarán conductas antisociales como rayados, consumo de alcohol en la vía pública y el expendio clandestino de licores.
Asimismo, se contempla castigar la acumulación de basura en el exterior del domicilio o en cualquier espacio público, sitios eriazos o lugares privados de libre acceso al público; y reforzar la obligación de hacer cierres perimetrales en sitios eriazos ubicados en áreas urbanas y que enfrenten una vía de uso público.
El senador Insulza explicó que las llamadas “incivilidades” corresponden a desórdenes u ofensas que producen la migración de los sujetos de los espacios públicos, que en otras oportunidades servían de lugar de reunión y de convivencia social”.
De esta manera, continuó, “lo que resulta ser objeto de actos vandálicos o deterioro es el espacio público en tanto promotor de la cohesión social. Son conductas que pueden o no estar tipificadas como delitos, pero son hechos cuya perpetración transmite una sensación de inseguridad y ausencia de control de la autoridad gubernamental”.
Luego, el legislador Quinteros aseguró que “estamos hablando en general de conductas de vida, que, podemos convenir o no, son susceptibles de ser penadas, ya sea por ley o bien por normas que sancionen conductas infraccionales. La ciudadanía demanda más seguridad pública”.
Y, aseveró, es efectivo que la sensación de inseguridad se ve afectada no solo por delitos más graves o de mayor connotación social, sino también por conductas antisociales de menor gravedad, pero que se perciben como un riesgo o amenaza de un delito mayor. El peligro en que se incurre es el de caer en una actividad invasiva, que regula las más diversas conductas”.
Enseguida, a juicio del congresista Allamand  “parece importante partir por preguntarse cuál es la diferencia entre aquello que la ENUSC (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana) califica como “violencias” y aquellas que se denominan “incivilidades”. Uno podría decir, en términos generales, que las “violencias” fundamentalmente constituyen delitos, como son, por ejemplo, los asaltos en la vía pública. Y las “incivilidades” podríamos cobijarlas bajo un concepto general de vandalismo”.
Ahora bien, se pregunta “¿por qué es necesaria esta legislación?. Hoy día no existe un reproche penal claro y severo a los daños causados, por ejemplo, en colegios y vehículos de transporte, o a bienes comunitarios, que lamentablemente en el caso, por ejemplo, de manifestaciones públicas, son tan usuales”.
Después, el senador Harboe recordó que “cuando conocimos los resultados de la última encuesta de victimización que entregó la fundación Paz Ciudadana, uno puede observar cómo se va consagrando la desigualdad del delito. Porque, si bien hay una baja en la victimización de hogares en términos generales, estas bajas se producen en los hogares de mayor ingreso y los hogares de ingresos medios. Pero en los hogares de ingresos bajos aumenta considerablemente el delito, llegando a cerca de 37,5 por ciento”.
Aquí, dijo, “la única seguridad que tienen es la seguridad pública. Y no se está brindando de buena forma. Muchas veces, en el entorno de esos barrios vive algún delincuente. Y ese papá, esa mamá, esa abuela que tiene que criar al niño, tiene el temor permanente de que tiene que ir a trabajar y sus hijos, hijas o nietos, o que están a su cuidado, van a tener que estar todo el día solos en esa casa, sin medidas de seguridad y con un delincuente eventualmente rondando”.
A su vez, la legisladora Ebensperger ejemplificó que “todos al caminar por las calles de nuestras respectivas ciudades y del país hemos visto y hemos sabido de conductas que afectan el orden público y que, en definitiva, afectan también nuestra convivencia social. Las conductas descritas en el Código Penal, que persigue los daños contra la propiedad pública y privada, no se encuentran acordes a una realidad cada vez más dinámica y cambiante como la que hoy vivimos. De eso se tendrá que hacer cargo la Comisión en el estudio en particular de este proyecto al momento de revisar y redactar nuevamente estos tipos penales o infraccionales que él mismo contempla. Estimo que, sin embargo, debe cuidarse obviamente la proporcionalidad de la pena con la conducta que se busca sancionar, de manera de no volver inaplicable una sanción”.

 

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