La Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado debe estudiar una propuesta del Ejecutivo que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, es decir, Carabineros y la PDI.
Ello, con el fin de superar hechos como el Caso Fraude y Operación Huracán, que han tenido a las policías, particularmente a Carabineros, en la mira de la opinión pública respecto a la transparencia en el uso de los recursos. A esto se agrega la muerte de Camilo Catrillanca, por lo que el prestigio de la institución sigue cayendo en picada.
El mensaje reconoce que existe una “falta de instrumentos de control y transparencia, lo que derivó en abusos e ilicitudes por parte de un contingente acotado y minoritario de funcionarios activos y en retiro de la institución”.
Así, el proyecto reconoce la necesidad de actualizar la ley Nº 18.961 Orgánica Constitucional (LOC) de Carabineros que data de 1990; el decreto ley Nº 2.460, de 1979 del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta la Ley Orgánica (LOC) de la Policía de Investigaciones de Chile; la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2011; así como el resto de la normativa infralegal de carácter interna.
El texto dice que “con miras a la modernización de las instituciones policiales y particularmente al fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad, se hace indispensable que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública incorporen sistemas y protocolos modernos de estrategia y gestión operativa, debidamente transparentados con miras a un control institucional, gubernamental y ciudadano”.
En definitiva, la propuesta apunta a “implementar, tanto por la vía legal como administrativa, medidas que permitan un efectivo control de la gestión financiera de nuestras policías, incrementando asimismo los niveles de transparencia de la misma”.

Sobre el proyecto

La propuesta implica una modernización de Carabineros y la PDI:

Dispone la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, para un período de ejecución de ocho años, actualizable cada cuatro años, que será aprobado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y puesto a disposición del Congreso Nacional.
Impone al Director General o General Director de la institución policial respectiva, la obligación de rendir cuenta sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes mencionados y en la Política Nacional de Seguridad Pública.
Instituye la creación de mecanismos y sistemas de control externo e interno, con el objetivo de supervigilar y controlar a las instituciones ante excesos o abusos en el ejercicio de sus funciones; o prevenir y controlar las faltas a la probidad funcionaria y las infracciones e incumplimientos a los reglamentos de conducta o disciplinarios.
Entrega a la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el control del presupuesto de las instituciones policiales, quienes le deberán rendir cuenta del uso y disposición de su presupuesto, con una periodicidad al menos semestral.
Por último, ordena la creación de un Comité de Auditoría Policial en cada una de las instituciones policiales, que será integrado por miembros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de la institución policial respectiva. El Comité contratará anualmente a un auditor externo con la finalidad de evaluar, tanto el cumplimiento de la normativa legal vigente en las operaciones financieras, como la eficiente asignación de recursos.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis

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