La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que reajusta las remuneraciones del sector público a partir del 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, la propuesta fue derivada a la Sala sin un guarismo general, luego que la norma en cuestión fuera rechazada por seis votos a favor y siete en contra.
Cabe señalar que la iniciativa fue aprobada en general por 12 votos a favor y una abstención del diputado Jackson. Luego, se aprobó una indicación destinada a requerir información y se procedió a la votación en particular, donde se ratificó por unanimidad todo el articulado excepto la disposición que explicitaba el reajuste general del 3,5% para los empleados públicos.
Los diputados de oposición que rechazaron la norma dijeron acoger el planteamiento de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y llamaron al Gobierno a hacer un esfuerzo mayor al planteado en la iniciativa y elevar la cifra en torno al 4%, más en línea con la situación que se proyecta para la economía nacional.
Son afectos al reajuste general los trabajadores de la administración civil del Estado; el personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la Ley 15.076.
Normas aprobadas sin modificaciones
El proyecto además establece un reajuste de 2,9% aplicable a las altas autoridades del país. A saber: el Presidente de la República; los ministros de Estado; los subsecretarios; los intendentes; el Presidente, los ministros y el fiscal de la Corte Suprema; y el Contralor General de la República.
Por homologación de letras o grados, se aplicará un 2,9% a la dieta que perciben los diputados y senadores; y la renta mensual de los ministros del Tribunal Constitucional; del presidente del Consejo para la Transparencia; del Fiscal Nacional y del director ejecutivo del Ministerio Público; y de los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados, así como del director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
La propuesta legal también contempla los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias para el sector activo; un bono de escolaridad y bonificaciones especiales; el aporte al servicio de bienestar; y un bono de invierno, aguinaldos de fiestas patrias y de navidad para los pensionados, entre otros varios beneficios sectoriales.
A su vez, se analizan normas anexas en otras materias relacionadas al ámbito público, entre ellas: para eliminar el cobro por certificados digitales emitidos por el Registro Civil; para facultar la aplicación de las remuneraciones mínimas y fijar normas de contratación a honorarios en las universidades estatales; creación de nuevos cargos en algunas instituciones públicas; y para facultar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, a la Superintendencia de Seguridad Social, al Instituto Nacional de Estadísticas y a la Contraloría General de la República a crear un plan piloto de teletrabajo.
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