Con el objetivo de buscar un adecuado desarrollo de las ciudades a lo largo de todo el país, el Gobierno ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Integración Social y Urbana, que transforma al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el nuevo Ministerio de Ciudad y Vivienda. 
Tendrá entre sus atribuciones y principales tareas promover la construcción de viviendas con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano. 
La iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Vivienda para su estudio, contempla cuatro pilares centrales: nuevas atribuciones a la cartera; densificación en zonas de desarrollo urbano; una nueva política de “arriendo protegido”; y mayor fiscalización y modificación a las prohibiciones a viviendas sociales. 
Así, el proyecto de ley crea las “Zonas de Integración Urbanas”, que son espacios en los que-pese a tener un plan regulador restrictivo que no permita la densificación-se establecerán beneficios normativos que podrán aplicarse siempre que sea para el desarrollo de proyectos de viviendas integradas. 
De esa forma, se incentivarán los usos mixtos, es decir, además de viviendas se buscará generar servicios, equipamiento, parques u otros espacios que se estimen para cualquier área de la zona decretada. 
Además, el proyecto faculta a los planes reguladores intercomunales para que también puedan establecer Zonas de Integración Urbana. Los beneficios de norma urbanística relacionados con Zonas de Integración Urbana definidas en el plan regulador intercomunal predominarán sobre las normas generales de un plan regulador comunal. 

“Arriendo protegido”

También, el proyecto busca facultar a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de inmuebles, con el objeto que se construyan y/o administren viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, señala el texto, el terreno y las viviendas serán restituidos a Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía de tales terrenos y las viviendas construidas ahí. 
Por último, la iniciativa pretenderá fortalecer la fiscalización de viviendas obtenidas con subsidios, que están desocupadas o están siendo utilizadas para fines distintos a los acordados. Al mismo tiempo, en el proyecto se establecen excepciones al plazo de prohibición de venta de una vivienda que haya sido objeto de subsidio, que actualmente es de 5 años o más, dependiendo del subsidio recibido. 

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