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Ministra Yolanda Méndez condena a dos detectives (r) por detención ilegal y aplicación de tormentos en 1984.

En el fallo se condenó a Hernán Octavio Fernández Hernández y Antonio Ademir Calíbar Araya a sendas penas de 319 días y 819 días, en calidad de coautores de detención ilegal y aplicación de tormentos, respectivamente.

14 de diciembre de 2018

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Yolanda Méndez Mardones, condenó a dos funcionarios en retiro de la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal y aplicación de tormentos a Carlos Amador Maureira Fernández, ilícitos cometidos en mayo de 1984, en la ciudad.
En el fallo se condenó a Hernán Octavio Fernández Hernández y Antonio Ademir Calíbar Araya a sendas penas de 319 días y 819 días, en calidad de coautores de detención ilegal y aplicación de tormentos, respectivamente.
La resolución señala que por reunirse en la especie los requisitos legales, se les sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad a los encausados por el de libertad vigilada intensiva, debiendo quedar sujetos los condenados a la observación y control por parte de un delegado de Gendarmería de Chile por el plazo de mil ciento treinta y ocho días (1.138).
En la etapa de investigación, se logró establecer los siguientes hechos:
Que, el 27 de mayo de 1984, en circunstancias que la víctima Carlos Amador Maureira Fernández, de 17 años de edad a la época, se encontraba en su lugar de trabajo, una vulcanización ubicada a esa fecha en el Servicentro Shell de Avenida Collao frente al Estadio Regional, funcionarios en servicio activo de la Policía de Investigaciones de esta ciudad, llegaron hasta ese lugar alrededor de las 10:00 – 10.30 horas, y sin exhibir orden de tribunal competente, procedieron a detenerlo siendo conducido al cuartel policial ubicado en calle Angol N° 815 de esta ciudad; allí imputándole haber participado en un robo a una casa habitación ocurrido días antes y ser integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue sometido a vejámenes atentatorios de sus derechos fundamentales, tales como, golpes de puño y pie, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, hasta obtener la confesión perseguida, dejándosele posteriormente en libertad.
En el aspecto civil, la ministra Méndez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 a la víctima.

 

Vea texto íntegro de la sentencia

 

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