Juzgado Laboral de Santiago acogió tutela deducida por un grupo de trabajadores ante actuaciones de cierre empresarial de su empleador y declaró unidad económica de empresas relacionadas.

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda de tutela de derechos fundamentales por vulneración al derecho a la honra y libertad de trabajo deducida por un grupo de trabajadores, por actuaciones cuestionables de cierre empresarial de su empleador.

En su sentencia, el Tribunal indicó que fue acreditado que, en los locales donde se desempeñaban ya no era posible atender público puesto que se encuentran sin electricidad, que no se les habían pagado las remuneraciones, el abandono de la empresa por parte de sus dueños y representantes legales, encontrándose en una incertidumbre respecto a su futuro laboral. En este mismo sentido, indica que la denunciada actuó mediante un plan previamente diseñado y dirigido a terminar aparentemente con la estructura societaria existente a la fecha; desplazando la titularidad del patrimonio y despidiendo a los trabajadores en un aparente cierre empresarial que, aparentando su insolvencia, abandonando el negocio sin dar explicación alguna a los trabajadores que se mantuvieron durante dos meses concurriendo a su domicilio laboral sin que les fuera otorgado trabajo efectivo y sin recibir la correlativa prestación remuneracional. Así, durante un tiempo prolongado, la empresa no pagó los alquileres de los locales de venta ni los suministros de los servicios, ni proveyó de existencias de mercaderías para la venta, no otorgó trabajo efectivo y no pagó las remuneraciones, incumplimientos que llevaron a los trabajadores de autos a autodespedirse.

Asimismo, en cuanto a la declaración de unidad económica, señaló que se desempeñaron acciones tendientes a velar por la permanencia del giro de su negocio, no a través de la empresa con quienes los trabajadores habían suscritos sus contratos, sino que a través de todas aquellas unidas a ella por un vínculo de familia, intentando cubrir su situación financiera traspasando el riesgo del negocio a sus trabajadores. Todo esto, permite encuadrar la situación en la hipótesis del artículo 3° y de subterfugio contemplado en el artículo 507 del Código del Trabajo.