Corte de Santiago acoge protección de universidad excluida de registro de contratistas del Estado.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por la Universidad de Chile en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

La sentencia sostiene que la arbitrariedad con que ha actuado la recurrida, queda de manifiesto cuando argumenta que la inhabilidad que motiva el recurso de protección no es una facultad discrecional de aquella, ya que al respecto el Registro operaría en forma automatizada y completamente en línea.

La resolución agrega que en efecto no es admisible que la mera programación de un sistema electrónico, pueda acarrear que una persona natural o jurídica por el solo hecho de ser condenada en procedimiento de tutela laboral sea considerada inhábil para formar parte del Registro Electrónico oficial de Contratación de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, sin que el organismo a cargo del Registro haga una mínima ponderación de mérito para ello, en base a la naturaleza de ente público o privado del demandado, pues no puede ser ignorado por la recurrida la evolución jurisprudencial especialmente de la Corte Suprema posterior a la reforma del inciso primero del artículo 4 de la Ley 19.886, que en ocasiones ha llevado a que entes públicos hayan sido considerados sujetos pasivos de la acción de tutela laboral por derechos fundamentales en los términos del artículo 485 del Código del Trabajo, por lo que era del todo previsible que entre las condenas comunicadas por los Juzgados del Trabajo a la Dirección del Trabajo, se incluyeren condenas a organismos públicos a los que no les es aplicable la sanción de inhabilidad que establece la citada norma, como fue el caso que motiva este recurso.