Derechos Humanos.
CIDH llama al Estado mexicano a abstenerse de adoptar medidas legislativas contrarias a estándares internacionales en materia de prisión preventiva.
Dichas iniciativas resultan contrarias a los principios que rigen la utilización del uso de la prisión preventiva, y convierten a esta medida en una pena anticipada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las diversas iniciativas de reformas constitucionales y legislativas que buscan ampliar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva automática u oficiosa en México.
De acuerdo a la Comisión, según información de público conocimiento, en el contexto del próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso, la Cámara de Diputados discutirá el proyecto de decreto que busca reformar el artículo 19 constitucional a fin de incrementar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.
Ello, tras enviarse a dicha Cámara, la iniciativa aproaba por el Pleno del Senado –con 91 votos a favor y 18 en contra– el pasado 6 de diciembre de 2018. Entre los delitos respecto de los cuales se busca la aplicación automática de la prisión preventiva, destacan el abuso sexual contra menores, la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, uso de programas sociales con fines electorales, así como delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y en materia de corrupción.
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