Moción busca eximir a las personas con discapacidad mental de requisitos educacionales para ingreso a la Administración Pública.

La moción de los diputados Auth, Castillo, Jarpa, Jiles, Melero, Meza, Ramírez, Schilling, Sepúlveda y Torrealba señala que la Constitución Política de la República establece la obligación fundamental del Estado de promover la integración armónica de todas las personas a la sociedad, ayudándolas a encontrar todos los medios materiales y espirituales posibles que les permitan acceder a iguales oportunidades en su vida.

La moción indica que, en lo que a discapacidad se refiere, este mandato constitucional se ha materializado a través de distintas leyes durante los últimos 25 años, originándose el primer gran hito con la promulgación de la ley N° 19.284, de 1994, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad, la cual inicia el rol activo del Estado en materia de integración y respeto. La iniciativa agrega que, de allí en adelante, se han dado algunos pasos más al aprobarse otras leyes, tales como la ley N° 20.422, de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y la ley N° 21.015, de 2017, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

Respecto de este último cuerpo normativo, los autores destacan que el mismo reconoce el deber que le cabe al Estado en la prevención, rehabilitación e integración de los discapacitados y sus familias, al determinar que organismos públicos y empresas privadas con dotación de personal superior a 100 personas deberán contratar a lo menos al 1% de personas en situación de discapacidad, concretando el principio de no discriminación laboral contenido previamente en la ley N° 20.422, de 2010, ya mencionada. Además, señala que la misma ley N° 20.422, de 2010, reconoce la diferencia de las personas con discapacidad y mandata a seguir mejorando la legislación para promover su integración a la sociedad.