CIDH manifiesta su alarma ante las detenciones en el contexto de las protestas en Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su alarma ante la represión masiva contra manifestantes en Venezuela, así como por las preocupantes cifras de detenciones arbitrarias registradas en el marco de las protestas sociales que han tenido lugar la última semana. En este sentido, la CIDH urge a las instituciones del Estado a cesar la represión, a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, y especialmente, a poner en libertad inmediatamente a toda persona detenida de manera arbitraria.

De acuerdo con la información recibida, las autoridades habrían detenido entre el 21 y 31 de enero de 2019, a un total de 943 personas en al menos 22 estados del territorio venezolano, reflejándose mayores índices en Distrito capital, Aragua, Zulia y Bolívar. En particular, las personas detenidas habrían sido puestas bajo custodia de los cuerpos de seguridad en el contexto de las manifestaciones y protestas recientes, siendo incluso detenidas en las cercanías de las mismas, y en numerosos casos, en el marco de operativos realizados por fuerzas de seguridad que, de acuerdo con las denuncias recibidas, responderían a fines políticos y de represión contra manifestantes.

Estos operativos estarían siendo desplegados en varias ciudades a lo largo del país y de manera posterior a las protestas, durante la noche y la madrugada, y en sectores populares. Según la información disponible, los agentes del Estado –con la colaboración de los consejos vecinales– tendrían individualizadas a las personas que habrían acudido a manifestaciones populares e irrumpirían en sus hogares con el fin de privarles de libertad. Esta detención se realizaría sin presentar orden de captura o autorización judicial para la entrada y registro del domicilio. Asimismo, las personas detenidas tampoco serían informadas sobre los motivos de su detención. En el marco de estos operativos, se han presentado denuncias de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, abusos y uso excesivo de la fuerza durante la detención, estigmatización y persecución de las personas opositoras. Ello, llevado a cabo con la participación, en mayor medida, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), así como de la Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), agentes de la policías estaduales y municipales, e incluso colectivos civiles armados.