Nuevamente impugnan ante el TC normas que establecen exclusión temporal para contratar con el Estado a quienes tengan condenas laborales.

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucionales, el artículo 495, inciso final del Código del Trabajo y el artículo 4, inciso primero, de la ley N° 19.886, que establece la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

La primera disposición impugnada establece: “Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro”. Por su parte, el segundo precepto impugnado establece que: “Quedarán eximidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, en los que la requirente fue denunciada por prácticas antisindicales por la Inspección Provincial de Valparaíso.