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Programa Asia Pacífico.

Australia y su plan nacional que protege los derechos de mujeres migrantes y refugiadas.

El país oceánico cuenta con un set de acciones enfocadas en la igualdad de género. Una de las estrategias apunta a visibilizar a las mujeres extranjeras más vulnerables, pues son objeto de violencia al interior de sus comunidades.

7 de marzo de 2019

En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se da a conocer el artículo “Australia y su plan nacional que protege los derechos de mujeres migrantes y refugiadas”.
Se sostiene que aunque Australia ha dado que hablar en los últimos años por el manejo deficiente de su política migratoria, en el informe presentado por su gobierno ante la Comisión para lo discriminación de la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) se destaca el trabajo realizado en el Plan Nacional para Reducir la Violencia Contra la Mujer y sus Hijos 2010-2022 y su enfoque para incluir y proteger a mujeres inmigrantes y refugiadas.

Plan Nacional de acción contra la violencia de las mujeres

El texto destaca que se reconoce como el primer plan nacional enfocado exclusivamente en la protección y promoción de los derechos de la mujer australiana. Surgió como una iniciativa de nueve parlamentarios con el fin de contar con un primer instrumento que asegurara la integridad de todas las mujeres. Llevado a cabo por la Oficina de la Mujer, cuenta con acciones divididas en planes proyectados a concretarse en un período de tres años. El primero de ellos comenzó en 2010, mientras que último tiene como fecha límite de concreción el año 2022. Todas las acciones sin excepción tienen como horizonte la reducción de la violencia contra la mujer y sus hijos.
En su definición, detalla la BCN, la premisa fundamental es que la reducción de la violencia en todas las mujeres que viven en Australia es una prioridad para el gobierno. Más aún, explica que la violencia en contra de la mujer es inaceptable en cualquier comunidad y bajo cualquier esquema cultural presente en el territorio, por lo tanto, todos los actores, tanto público como privados son responsables de repeler los actos violentos y prevenirlos. Ahora bien, ¿por qué es necesario un plan nacional lograr estos objetivos?, principalmente porque al momento de existir un plan que articule a distintos actores y se reconozcan los tipos de violencia, existe mayor capacidad de fijar acciones concretas para enfrentar este flagelo.
Aunque, explica, existen diversas formas de violencia en contra de la mujer, en la realidad australiana, los dos tipos de violencia más comunes y frente a los que se orienta el Plan Nacional es la violencia doméstica y el ataque sexual. Según cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas, una de cada tres mujeres ha tenido una experiencia de agresión física en sus vidas y por lo menos dos experiencias de ataque sexual. Estas cifras se complementan con las entregadas por la consultora KPMG, que demuestran el costo que la violencia en contra de la mujer le significó al Estado, cifrando una estimación de 22 millones de dólares australianos en el período 2015- 2016, lo que equivale a más de 10 mil millones de pesos chilenos.
Cada plan de acción, añade el texto, además de coordinar estrategias con otras instituciones, responde a las necesidades que surgen en la contingencia y en función de ellas fijar las llamadas prioridades emergentes, cuyo rango de acción puede ser a nivel nacional o local. Es por ello que en la definición del plan se establece la importancia de tener la capacidad para trabajar en conjunto con diversos actores y obtener apoyos. De esta manera, el plan propone el desarrollo de cuatro acciones, en cuatro tiempos distintos de tres años plazo:

 – Fortalecimiento de la fuerza de trabajo 

– Integrar sistemas y compartir información 

– Mejorar la base de evidencia 

– Realizar un seguimiento permanente de los rendimientos

El diseño del plan se desarrolló de tal manera que estas cuatro acciones se puedan implementar en l2 años, que comenzaron en 2010-2013, 2013-2016, 2016-2019 y 2019-2022. Este último plan se enfoca principalmente en medir los resultados obtenidos en orden de reducir la violencia doméstica y los ataques sexuales, pero más aún, que se incremente el porcentaje de mujeres que se siente segura en sus comunidades.

Protección de la mujer migrante

A continuación, la BCN expone que una de las estrategias establecidas durante las acciones emprendidas en la primera etapa -entre 2010 y 2013- fue asegurar la equidad de género. Esto no solo se llevó a cabo mediante el aseguramiento de igualdades condiciones para la participación en la economía y en posiciones de liderazgo, también en la creación de condiciones para que mujeres migrantes y refugiadas tengan igualdad de derechos, principalmente en cuanto a la protección contra la violencia.
En un estudio realizado por el Instituto Australiano de Estudios de Familia, sobre la base de datos secundarios obtenidos de mujeres refugiadas con más de cinco años en el país, determinó que por lo general aquellas mujeres con visas humanitarias que tienen bajos niveles de educación mantenían también un bajo dominio del idioma inglés, incluso menor que sus familiares que ingresaron con visas de inmigración. Esta realidad influye en el nivel de ingresos, pues las tasas de empleo son bajas en comparación a las mujeres nacidas en Australia.
Para Hilda Pérez, máster en estudios contemporáneos para América Latina de la Universidad Complutense de Madrid y activista por los derechos migratorios y acogida digna de personas en situación de refugio, la violencia en contra de la mujer es una realidad que afecta a muchas migrantes en países desarrollados. “Este es un problema que atraviesa los cuerpos y las trayectorias vitales situadas, estamos hablando de personas que dentro de los estatutos estatales no figuran como personas, obviando el principio jurídico de igualdad de todos ante la ley. Cuando a una persona se le condiciona el acceso a derechos fundamentales como a la salud, la vivienda o la seguridad, por no tener papeles, partimos de un principio que el Estado discrimina”, señaló.
Enseguida, la BCN, da cuenta que esta realidad llevó a que en el segundo plan nacional -llevado a cabo entre 2013 y 2016- se incorpore la acción de crear competencias para entender que la violencia no se da solamente cuando hay agresión física, también cuando se generan otros tipos de exclusiones, como por ejemplo en el caso de las migrantes, a partir de la diferencia de idiomas. Es por ello que en el seno del Instituto de Estudios de Familia se llevó adelante el programa Diversidad Lingüística y Cultural (CALD por sus siglas en inglés) cuya misión es brindar seguridad a las mujeres, mediante el trabajo directo con sus comunidades. Este programa orienta a sus miembros para reducir cualquier forma de violencia, ya sea en contra de las mujeres o de sus familiares.
Una primera medida para lograr la orientación de las comunidades es la entrega por parte del gobierno de presupuesto a la fundación White Ribbon Australia, cuya misión es detener la violencia de hombres contra las mujeres. Este presupuesto adicional tuvo como objetivo intensificar el compromiso de orientación formativa a las comunidades. Este empeño por formar a las comunidades también se realiza a través de campañas de publicidad, enfocadas en aquellos sectores de la población con mayores vulnerabilidades de violencia. Por último, otra de las medidas ha sido requerir información adicional a los esposos o novios australianos que solicitan visas para sus cónyuges extranjeras, a modo que no sean futuras víctimas de violencia o sometimiento.

Un plan nacional para la mujer chilena y la mujer migrante

La BCN explica que la posibilidad de que en nuestro país se desarrolle un plan nacional enfocado en garantizar la igualdad de condiciones ante la ley y proteja a las mujeres de cualquier forma de violencia, fue valorada por Constanza Montecinos, cientista política y activista por los derechos de la mujer. “Es necesario que se articulen todos los actores políticos y gubernamentales, pero que no solamente se quede ahí sino que vaya más allá y se involucre a otro tipo de actores como los movimientos sociales y los centros de estudios y las universidades, ya que estos actores tienen mucho más que decir que una política que se formule solamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es de vital importancia que cualquier política pública que se relacione con los derechos de la mujer haga partícipe a todos los actores interesados”, comentó.
Una mirada sobre los derechos sobre las mujeres migrantes en nuestro país tuvo Daisy Margarit, académica e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile (Usach). “En Chile al igual que otros países, se presenta una tendencia que hay más mujeres migrantes que hombres. Según cifras que nos entrega el INE es de un 50.6 por ciento. Al momento de haber más mujeres hay también más vulneración de derechos, porque por su condición se encuentran en mayor fragilidad en el acceso a ciertos derechos. Si ya de por sí ser mujer en Chile implica vivir una mayor inequidad de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Ser mujer migrante en Chile es acrecentar esa desigualdad de acceso a los derechos sociales y políticos, ya que se han visto discriminadas frente a su identidad como mujer migrante y trabajadora, se vulneran derechos laborales y sociales”, señaló.
Sobre los tipos de discriminación, Daisy Margarit afirmó que las formas discriminatorias se acentúan más en mujeres afrodescendientes. “Las mujeres haitianas o colombianas, por su color de piel se les atribuye una carga valórica más peyorativa con relación a su posición en la sociedad chilena. Las mujeres migrantes configuran una realidad invisible, porque para muchos tienen los mismos derechos que las mujeres chilenas, pero hay derechos vulnerados en el propio proceso migratorio y de acuerdo a las condiciones como se migre se violan más derechos, principalmente por redes manejadas por hombres donde piden favores sexuales a cambio de protección. Muchas de estas mujeres salen de sus países por situaciones de violencia o abuso, entonces estas mujeres vienen con derechos vulnerados desde su país de origen, por lo que con la invisibilidad esta vulneración se incrementa”, añadió.
Sobre los desafíos en nuestro país para proteger y evitar formas de violencia contra la mujer migrante, la académica sostuvo que lo principal es el reconocimiento. “La política en Chile tiende a homogeneizar los problemas, pensamos que los problemas de pobreza son iguales en todas las regiones y personas, que los problemas de los migrantes son los mismos y se tiende a tener una mirada masculinizada del acceso a derecho, es decir, solo basta el acceso a la salud y vivienda pero la condición de ser mujer migrante no se reconoce. Ahí hay violencia psicológica de la que pocos se dan cuenta”, sentenció.

 

Vea texto íntegro del documento

 

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