Una investigación de Amnistía Internacional revela que se ha violado a niños de sólo ocho años en la ciudad yemení de Taiz. Todavía no se ha obligado a rendir cuentas a los presuntos perpetradores, entre los cuales hay miembros de milicias respaldadas por la coalición que dirige Arabia Saudí.
Las familias de cuatro muchachos contaron a Amnistía Internacional que sus hijos habían sido agredidos sexualmente en una serie de incidentes registrados en los últimos ocho meses. En dos de los casos, las familias aseguraban que los autores de las agresiones eran miembros de milicias afines a los islahistas apoyadas por la coalición liderada por Arabia Saudí.
“Los desgarradores testimonios de estos jóvenes sobrevivientes y sus familiares ponen de manifiesto cómo el conflicto en curso expone a menores a sufrir explotación sexual en una ciudad asediada por la falta de seguridad y la debilidad de las instituciones. Se ha dejado a estas víctimas y a sus familias desprotegidas y solas frente al terrible suplicio del abuso sexual y sus secuelas”, dijo Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
A continuación, agrega que “las autoridades de Yemen deben investigar exhaustivamente estas denuncias para dejar claro que no se tolerarán estos crímenes y para proteger de represalias a las familias de los menores. Los presuntos autores, entre los que hay miembros de las fuerzas combatientes y dirigentes comunitarios que ocupan cargos de confianza, deben responder ante la justicia en juicios justos. Las violaciones y agresiones sexuales cometidas en el contexto de un conflicto armado son crímenes de guerra. Los superiores que no impiden estos actos abominables son ellos mismos responsables de crímenes de guerra.”
Amnistía Internacional ha documentado cuatro casos de violencia sexual: la violación de tres niños y un intento de agresión sexual a otro. Los dos informes médicos que ha visto la organización señalan marcas de lesiones anales en dos de los sobrevivientes que son compatibles con sus testimonios.
Enseguida el organismo explica que hasta ahora, un patrón recurrente de impunidad y represalias disuade a las familias de denunciar estos hechos, sobre todo porque, según informes, los presuntos agresores son políticamente afines a las autoridades locales controladas por los islahistas. Aunque actualmente hay dos personas detenidas en espera de juicio en relación con dos de los cuatro casos, no se ha detenido a ningún miembro de milicia sobre el que pueda haber sospechas en relación con los otros dos casos. Amnistía Internacional escribió al fiscal general de Yemen solicitando sus comentarios y aclaraciones, pero no obtuvo respuesta. En los últimos meses, las instituciones y el sistema judicial de Yemen han reanudado su funcionamiento en algunas partes del sur del país y han atendido un número modesto de casos.
Las familias se han encontrado con impedimentos múltiples para denunciar estos hechos a las autoridades. Según el testimonio de las familias y los documentos examinados por Amnistía Internacional, los cuatro casos se denunciaron directamente al Departamento de Investigaciones Criminales de Taiz. Aunque éste dio instrucciones a uno de los principales hospitales de la ciudad para que examinara a los tres sobrevivientes de violación y emitiera informes médicos, el hospital no cumplió estas órdenes en uno de los casos, a pesar de las reiteradas peticiones de la madre de la víctima. Más aún, el hospital pidió, para elaborar el informe, una suma de dinero que la familia no podía pagar.
Estos casos documentados por Amnistía Internacional no parecen episodios aislados. Familiares y activistas locales informaron de al menos otros dos casos en que la familia de la víctima era reacia a hablar porque tenía demasiado miedo de sufrir las represalias de milicias locales respaldadas en gran medida por miembros de la coalición que dirige Arabia Saudí en Yemen. Dos de las cuatro familias afectadas han tenido que mudarse por temor a represalias de las milicias.
De acuerdo a Amnistía, como en otras situaciones de conflicto, el número de casos de violencia sexual denunciados en Yemen sigue siendo inferior al real debido a la dificultad de verificar los hechos por la delicadeza del asunto. No hay datos recientes a disposición pública sobre violencia sexual contra menores. No obstante, según ha informado el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hay 60.000 mujeres en riesgo de violencia sexual, incluida la violación. La violencia sexual contra varones menores y adultos en un conflicto armado es habitual, pero el número de casos denunciados no refleja la realidad, según la ONU.

Llamamientos a la rendición de cuentas

Luego, el organismo comenta que tras años sin actividad, las instituciones y el sistema judicial de Yemen han reanudado su funcionamiento en los últimos meses en algunas partes del sur del país y han atendido un número modesto de casos.
La legislación yemení establece la pena de muerte para los autores de delitos de violencia sexual. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Yemen en 1991, obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas precisas para proteger a niños y niñas frente a toda forma de violencia física o mental, incluido el abuso sexual.

Información complementaria

Amnistía relata que desde 2015 tienen lugar en Taiz fuertes enfrentamientos armados intermitentes entre las fuerzas huzíes y una amalgama de fuerzas antihuzíes leales al gobierno yemení y a la coalición, que se intensificaron a lo largo de 2018.
Cuatro años de conflicto, asegura, han favorecido la proliferación de milicias en el bando del gobierno yemení y la coalición, y las más importantes están afiliadas a los grupos salafistas o islahistas respaldados por Arabia Saudí. Aunque en teoría estén en el mismo bando del conflicto, estas milicias tienen intereses enfrentados y las luchas internas son frecuentes.
En una investigación publicada recientemente, Amnistía Internacional pone de relieve el riesgo de que miembros de la coalición desvíen armas ilegalmente a incontables milicias —parecidas a los grupos de Taiz— acusadas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos. La organización pide a todos los Estados que suspendan de inmediato las transferencias de armas a los miembros de todas las partes del conflicto de Yemen.
Desde 2015, Amnistía Internacional y otras organizaciones vienen documentando los efectos del conflicto armado continuo en Taiz, incluidos los bombardeos indiscriminados por las fuerzas huzíes y otras milicias, que han causado centenares de víctimas mortales. La ciudad de Taiz, sometida al asedio de las fuerzas huzíes desde hace casi cuatro años, sigue siendo el escenario de una catástrofe humanitaria. Amnistía Internacional ya había documentado restricciones arbitrarias impuestas por los huzíes sobre la distribución de provisiones médicas esenciales y la circulación de civiles y bienes civiles.
Amnistía Internacional ha documentado también cómo fuerzas afines al gobierno yemení y la coalición intimidaron y hostigaron al personal del hospital y pusieron en riesgo la vida de civiles al situar combatientes y puestos militares cerca de centros médicos, especialmente durante los combates de finales de 2016. Al menos tres hospitales se cerraron por amenazas contra el personal.

Vea texto íntegro del documento

RELACIONADOS
*Amnistía afirma que población civil de Hudaida está a la espera de que la ONU resuelva sobre conflicto y crisis humanitaria de Yemen…
*Amnistía afirma que incisivo informe de la ONU destaca necesidad de embargo de armas y control más estricto en Yemen…