Con 108 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la Comisión que investigó la operación de mutuales vinculadas a las FFAA y de Orden y Seguridad Pública y que constató la existencia de serias irregularidades; falta de transparencia y de fiscalización del funcionamiento de estas entidades; y conflictos de interés.
El oficio, rendido ante la Corporación por el diputado Soto, quien fuera el presidente del grupo parlamentario que efectuó las indagatorias entre junio y noviembre de 2018, da cuenta de las numerosas dificultades para obtener información completa y fidedigna y se consigna, incluso, la negativa de los comandantes en jefe de las FFAA y del General Director de Carabineros de entregar ciertos antecedentes. 
Cabe señalar que la Comisión constató que, durante muchas décadas, se desarrolló una práctica administrativa en las mutualidades de las FFAA y de Carabineros en orden a retribuir económicamente la participación de altos mandos en los Consejos Directivos mediante el pago de dietas, asignaciones o excedentes de las utilidades de la institución. El monto de los estipendios o emolumentos que recibían estas autoridades fue justamente una de las informaciones que no fueron entregadas por estas.
Sobre ello, se plantea seguir la línea definida por la Contraloría, en orden a que los representantes de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que formen parte de los directorios de sus respectivas mutualidades u otras corporaciones relacionadas, no reciban una remuneración, estipendio, dieta o participación, en atención a que realizan dicha actividad por el solo hecho de desempeñar un cargo público. "El cargo que ejercen conlleva dicha obligación adicional", se acotó.
Además, se concluyó que en la administración de la Dirección de Bienestar de Carabineros y de la Mutualidad de Carabineros existe un amplio campo de regulación difusa y de abundantes vacíos legislativos y de control, que han permitido durante años el desarrollo de diversos tipos de prácticas administrativas irregulares.
El texto expone que dichas irregularidades, detectadas por la Contraloría General de la República y ratificadas por las autoridades de Carabineros que asistieron a las sesiones de la Comisión, se traducen en que la División de Bienestar de Carabineros (Dibicar) no ha tenido ni tiene aún registros contables completos, fidedignos y confiables donde se contenga, por ejemplo, el detalle de la deuda millonaria que mantiene con la Mutualidad de Carabineros (Mutucar).
Se explicó que, los excedentes totales, entre los años 2005 y 2016, ascenderían a 23.000 millones y fracción, sin embargo esos recursos no ingresaron a la Dibicar y no hay registro de que hayan ingresado, ni contable ni extracontablemente. Solo se logró acreditar, unos 16.000 millones, de compensación con deudas que tenía la Dirección de Bienestar con la Mutualidad.
Además, la contabilidad, los estados financieros y la información que da cuenta del patrimonio de inmuebles con los que cuenta cada institución, Dibicar y Mutucar, adolece de altos niveles de imprecisiones y numerosas inconsistencias y contradicciones. De acuerdo a los estados financieros, la avaluación de los bienes raíces de la Dibicar ascenderían a 57.000 millones de pesos, pero según el avalúo fiscal, ascendía a 124.000 millones de pesos.
A su vez, se evidenciaron transacciones comerciales entre Mutucar y Dibicar que tienen características inusuales que generan dudas sobre el cumplimiento estricto del principio de probidad administrativa y que se haya primado y resguardado el interés general de la institución.
Respecto de estos puntos relacionados a Carabineros, se asigna responsabilidad directa para los generales que estuvieron a cargo de la Dirección de Bienestar entre 2005 y 2016.

Otros casos y propuestas

La Comisión también detectó irregularidades que afectan a trabajadores civiles del Hospital Militar de Santiago y de la Central Odontológica del Ejército, que son obligados a afiliarse a la mutualidad del Ejército y de la Fuerza Aérea y financiar un seguro de vida, sin tener derecho a ningún beneficio.
Se estima necesario que la Contraloría analice en detalle la situación, la normativa aplicable y emita un dictamen definiendo con claridad si los funcionarios citados deben ser afiliados obligatoriamente a la mutualidad y soportar los descuentos de sus remuneraciones que se han referido y disponer la devolución de los dineros descontados indebidamente, si procediere.
En lo que se refiere al denominado Fondo de Ayuda Mutual (FAM) de la IV División del Ejército, en Aysén, se constató que siempre fue una iniciativa privada, que no había fondos fiscales invertidos y que no obedece a la figura de mutualidad ni de un sistema de bienestar. Además, se conoció que al cierre de este fondo se determinó que existía un déficit importante, donde resultaron perjudicados económicamente alrededor de más de 100 funcionarios que lo integraban.
La Comisión determinó que, en forma compensatoria para los afectados, se encomendaron tareas por la vía de honorarios, así como la entrega de comisiones de servicios y el pago de los viáticos cuyos trabajos no pudieron acreditarse. "La finalidad consistió en permitirles recuperar el dinero perdido como ahorrantes en el fondo de ayuda mutual", se concluyó.
En este caso se adjudica responsabilidad al comandante en jefe del Ejército de la época, general Oscar Izurieta, quien tenía el deber de realizar el control jerárquico de todo el personal de tal manera que se respete estrictamente la legalidad vigente y el principio de probidad administrativa. Asimismo, se consideró vulneratorio con este deber básico constatar en un oficio de diciembre de 2016, que el general tuviera una conducta que indujera a sus subalternos a buscar una solución con fondos públicos de los problemas privados del personal uniformado afectado por la FAM.
Entre las propuestas planteadas se considera evaluar la mantención o eliminación del sistema de seguro colectivo obligatorio para todo el personal de las FFAA y de Orden y Seguridad; una nueva regulación, con mayores niveles de participación, transparencia, control y rendición de cuentas de las mutualidades de las fuerzas armadas y de orden y seguridad; analizar la situación de adscripción obligatoria de los trabajadores civiles del Hospital Militar y Centro Odontológico del Ejército al sistema de mutualidades; y la generación de un sistema de fiscalización de mayor rigor del funcionamiento de estas entidades.

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