En una reciente publicación de Confilegal se da a conocer el artículo “Los eurodiputados ponen el veto a los violadores de derechos humanos”.
Se sostiene que un nuevo régimen de sanciones, que incluye congelación de activos y denegación de visas, es la propuesta que han respaldado esta semana los eurodiputados en una resolución que pide nuevas penas de la Unión Europea (UE) para castigar a los individuos responsables de violaciones graves de derechos humanos en todo el mundo.
A continuación, se recuerda que los eurodiputados dejaron claro esta semana que la decisión de incluir o no en la lista a las personas involucradas debe basarse en criterios claros, transparentes y específicos, directamente relacionados con el delito cometido, a fin de garantizar una revisión judicial exhaustiva y la reparación de los derechos conculcados.
También, instan a los países de la UE a establecer un mecanismo de imposición de sanciones con supervisión europea, ya que en los últimos meses se han registrado casos en que empresas y países europeos han violado las sanciones de la UE.
El nuevo régimen de sanciones, se asegura, fortalecería el papel de la UE como actor global de derechos humanos y debería llevar simbólicamente el nombre de Sergei Magnitsky, dicen los eurodiputados.
Cabe señalar que el señor Magnitsky era un experto contable ruso que investigaba la corrupción y que murió en una prisión de Moscú en 2009, tras haber sufrido torturas y soportado condiciones inhumanas.
Luego se comenta que ya se han establecido marcos legislativos similares en los Estados Unidos, Canadá y varios países de la UE, como Estonia, Letonia, Lituania y el Reino Unido.
En este contexto, el europarlamento insta a otros estados miembros a adoptar este nuevo instrumento sancionador, para que una mayoría cualificada en el Consejo pueda adoptar sanciones de derechos humanos.
El Parlamento Europeo había pedido en repetidas ocasiones un mecanismo para introducir sanciones para castigar a los culpables individuales de  atrocidades contra los derechos humanos y es ahora cuando esta  propuesta está ganando impulso, y de hecho se está considerando actualmente, a nivel de grupo de trabajo, en el Consejo de Europa.

LA LEY MAGNITSKY

El texto expone que la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnistky Act), es una ley aprobada en 2012 Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Inicialmente se dirigió a localizar a funcionarios rusos y a otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky.
Se aplica globalmente y “autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar al país firmante”.
El 20 de noviembre de 2018, representantes de todos los estados miembros de la UE, junto con sus colegas de los Estados Unidos y Canadá, se reunieron en La Haya para discutir una nueva propuesta del régimen de sanciones de la UE inspirada en el ejemplo establecido por La Ley Magnitsky.
En respuesta a los eventos que llevaron a la muerte de Sergei Magnitsky, el financiero de los Estados Unidos Bill Browder lanzó una campañapara garantizar que los funcionarios rusos involucrados enfrentaran consecuencias en forma de sanciones.
Fue esta campaña la que desembocó en la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de la Ley Magnitsky en 2012. Más tarde, se convirtió en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky (con alcance extrajudicial).
El 20 de diciembre de 2017, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 13818 que le permitió al gobierno de los Estados Unidos congelar efectivamente los intereses de propiedad de personas involucradas en violaciones graves de derechos humanos o corrupción.
Uno de los ejemplos más recientes de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos que utiliza la llamada Ley Magnitsky son las sanciones aplicadas a 17 personas presuntamente involucradas en el asesinato de Jamal Khashoggi, denunciadas el 15 de noviembre de 2018. Como resultado de ello, “cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas designadas (…) dentro o en tránsito de la jurisdicción de los EE. UU. está bloqueada”.

SANCIONES 

Enseguida, el texto indica que la UE tiene el poder de imponer medidas o sanciones restrictivas para promover la paz y la seguridad internacionales, prevenir conflictos, luchar contra el terrorismo, defender los principios democráticos y los derechos humanos y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva.
Puede sancionar a los gobiernos de terceros países o entidades ya  personas particulares.
Tales sanciones, se añade, incluyen, “embargos de armas, restricciones comerciales, como prohibiciones de importación y exportación, restricciones financieras, movimientos restringidos, como visas o prohibiciones de viaje”.
Ya ha impuesto tales sanciones en el pasado. Los ejemplos incluyen a Irán, Birmania, Venezuela y varios otros estados. Sin embargo, existía una gran necesidad de un régimen de sanciones más efectivo y común a todos los países miembros.
Además se puntualiza que una de las propuestas destacadas para este régimen de sanciones de la UE fue presentada por Llamada Democristiana (CDA), Demócratas 66, European Stability Imitative y el Comité Noruego de Helsinki.
El grupo preparó un plan de acción sobre cómo garantizar que la Ley Magnitsky proporcione un mecanismo eficaz.
Solicitaban al gobierno holandés que trabajara con otros estados miembros de la UE para establecer una comisión independiente cuyo principal propósito sería identificar a los violadores de derechos humanos más notorios que la UE debería considerar para incluir en las prohibiciones de admisión.
La Comisión se centraría en violaciones graves de los derechos humanos, con especial énfasis en la tortura, el encarcelamiento político y los asesinatos extrajudiciales.
La propuesta, se arguye, proporciona una solución práctica y razonable sobre cómo podría funcionar el nuevo régimen de sanciones de la UE.
Por último, se da cuenta que el 10 de diciembre de 2018, en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), los ministros europeos de Asuntos Exteriores aprobaron por unanimidad esta propuesta holandesa para la Ley Magnitsky de la UE (el Régimen Global de Sanciones a los Derechos Humanos de la UE).

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