Ante la noticia de que el gobierno de Kenia prevé cerrar el campo de personas refugiadas de Dadaab antes del final de agosto, Irungu Houghton, director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia, declaró:
“El gobierno de Kenia se expone a sufrir un desastre humanitario y las críticas internacionales si intenta devolver a cientos de miles de personas refugiadas a Somalia sin la consulta y planificación debidas y sin tener en cuenta su seguridad. Estos hombres, mujeres, niños y niñas han huido de un conflicto armado en curso temiendo por su vida y han sufrido numerosos abusos más contra los derechos humanos”.
Enseguida sostuvo que “cualquier decisión de cerrar arbitrariamente el campo constituiría también una infracción de la sentencia del Tribunal Superior de Kenia de febrero de 2017, que resolvió que el intento de cierre de Dadaab en 2016 fue inconstitucional e ilegal tanto en virtud de la legislación nacional como del derecho internacional”.
Añadió que “estos planes deben archivarse. El gobierno keniano debe buscar soluciones duraderas y reales para las personas refugiadas somalíes, lo que incluye la integración en la sociedad keniana y el reasentamiento en terceros países. La comunidad internacional debe apoyar al gobierno keniano para ello prestándole apoyo económico y técnico y ofreciendo plazas de reasentamiento a las personas refugiadas más vulnerables”.
En 2016, después de que el gobierno anunciara su intención de cerrar el campo, Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones en Dadaab y concluyó que obligar a las personas refugiadas a regresar a Somalia constituye una violación del principio de no devolución (non-refoulment).

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