CC de Colombia acogió tutela y reiteró obligación de respetar el plazo razonable en los procesos de constitución de resguardos y de titulación de tierras a favor de las comunidades indígenas.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela incoada por las Comunidades indígenas Cerrito Bongo, Cocalito y Jooin Jeb contra la Agencia Nacional de Tierras.

En su libelo, las accionantes señalaron que se han vulnerado los derechos fundamentales al territorio, la preservación, la protección y reconocimiento de la cultura y la vida de las comunidades afectadas, debido a que la entidad recurrida no ha culminado con el proceso de titulación de tierras iniciado el año 2012 por las comunidades accionantes.

En su sentencia, la CC colombiana expuso que la propiedad colectiva cumple la función principal de permitir que las comunidades indígenas puedan maximizar su autonomía, preservar su cultura y respetar las diferencias culturales o, en lógicas del Convenio 169 de la OIT, permitir que las comunidades posean vocación de permanencia y exigir a los estados que respeten el derecho de éstas a definir sus prioridades y asuntos propios. La propiedad colectiva se concreta, a su vez, en el derecho a la constitución de resguardos en territorios que las comunidades indígenas han ocupado tradicionalmente; el derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de sus resguardos; el derecho a disponer y administrar sus territorios; el derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio; el derecho a la protección de las áreas de importancia ecológica y; el derecho a ejercer la autodeterminación y autogobierno. Además, el derecho fundamental a la propiedad colectiva lleva implícito un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas, el que debe desarrollarse, sin embargo, a través de disposiciones legales y reglamentarias.