En una reciente publicación de Amnistía se da a conocer el artículo “La pena de muerte en 2018: drástico descenso de las ejecuciones a escala mundial”.
Con motivo de la publicación ayer de su informe global sobre la pena de muerte en 2018, el organismo ha explicado que, el año pasado, las ejecuciones disminuyeron en casi un tercio en todo el mundo, alcanzando así la cifra más baja desde hacía, al menos, 10 años. Las estadísticas recogen las ejecuciones de las que se ha tenido noticia en todo el mundo, con la excepción de China, cuyas cifras —presumiblemente, varios miles— siguen clasificadas como secreto de Estado.
A continuación, afirma que tras la reforma de su legislación antidrogas, las ejecuciones en Irán —país que recurre con profusión a la pena de muerte—, registraron un asombroso descenso de un 50%. Por su parte, Irak, Pakistán y Somalia mostraron también una notable reducción de las ejecuciones. En consecuencia, la cifra mundial pasó de 993 ejecuciones (como mínimo) en 2017 a 690 (como mínimo) en 2018.
“El drástico descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a cambiar sus prácticas y a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución”, declaró el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo.
Añadió que “pese al retroceso experimentado en algunos lugares, el número de ejecuciones consumadas por varios de los peores verdugos del mundo ha descendido de manera considerable. Se trata de una señal esperanzadora que indica que es sólo cuestión de tiempo que este castigo cruel quede relegado al rincón de la historia, donde debe estar.”
Restauración de la pena de muerte
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Amnistía Internacional detectó un aumento de las ejecuciones en Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Tailandia llevó a cabo su primera ejecución desde 2009 y, en Sri Lanka, el presidente Maithripala Sirisena manifestó su intención de reanudar las ejecuciones tras una pausa de más de 40 años, llegando incluso a publicar, en febrero de 2019, un anuncio para buscar verdugos.
“Las buenas noticias de 2018 se han visto empañadas por el hecho de que un reducido número de Estados haya decidido, para su vergüenza, ir en contra de la tendencia general”, afirmó Kumi Naidoo.
“En Japón, Singapur y Sudán del Sur se registraron los niveles más altos de ejecuciones desde hacía años, y Tailandia reanudó las ejecuciones después de casi 10 años; sin embargo, esos países constituyen una minoría menguante. Reto a todos los países que aún recurren a la pena de muerte a actuar con valentía y poner fin de inmediato a ese aberrante castigo”, puntualizó.
Los principales ejecutores del mundo
El texto da cuenta que China siguió siendo el principal ejecutor del mundo, aunque se ignoraba la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar sus cifras clasificadas como secreto de Estado. Amnistía Internacional cree que, cada año, China condena a muerte y ejecuta a miles de personas.
En un gesto sin precedentes, arguye Amnistía, las autoridades de Vietnam hicieron públicas las cifras sobre pena de muerte, admitiendo un mínimo de 85 ejecuciones en 2018. Este saldo confirma el lugar de ese país entre los cinco principales ejecutores del mundo: China (miles), Irán (al menos 253), Arabia Saudí (149), Vietnam (al menos 85) e Irak (al menos 52).
Pese al considerable descenso en el número de ejecuciones consumadas, Irán sigue acaparando más de un tercio de las ejecuciones del mundo.
Asimismo, Amnistía Internacional consideró preocupante el marcado aumento experimentado a lo largo del año en el número de condenas a muerte impuestas en algunos países.
En Irak, la cifra se multiplicó por cuatro, y pasó de 65 en 2017, a 271 (como mínimo) en 2018. Por su parte, en Egipto el número de condenas a muerte dictadas ascendió en más de un 75%: de 402 (como mínimo) en 2017, a 717 (como mínimo) en 2018. Este aumento se puede atribuir a la espeluznante tradición de Egipto de imponer condenas a muerte colectivas tras juicios manifiestamente injustos, basados a menudo en “confesiones” extraídas mediante tortura y en investigaciones policiales irregulares.
Tendencia global hacia la abolición
En general, indica Amnistía, las cifras de 2018 demuestran que la pena de muerte está claramente en retroceso y que en todo el mundo se están tomando medidas efectivas para poner fin a este cruel e inhumano castigo.
Durante el periodo de sesiones de diciembre de la Asamblea General de la ONU, 121 países —una cifra sin precedentes— votaron a favor de una moratoria mundial de las ejecuciones. Sólo 35 Estados votaron en contra.
“Lenta, pero firmemente, se va fraguando un consenso internacional respecto a poner fin a la pena de muerte. Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña por el fin de las ejecuciones en todos los países. Sin embargo, con más de 19.000 personas consumiéndose hoy en el corredor de la muerte, la lucha está lejos de acabar”, afirmó Kumi Naidoo.
“Desde Burkina Faso hasta Estados Unidos, se están tomando medidas concretas para abolir la pena capital. Es hora de que los demás países sigan su ejemplo. Queremos que todas las personas vivan en sociedades seguras, pero las ejecuciones nunca son la solución. Con el apoyo continuado de la población mundial, podemos —y lograremos— poner fin de una vez por todas a la pena de muerte. Con el apoyo continuado de la población mundial, podemos —y lograremos— poner fin de una vez por todas a la pena de muerte”, añadió.
Al terminar 2018, 106 países habían abolido por ley la pena de muerte para todos los delitos, y 142 la habían abolido en la ley o en la práctica.
Por último, Amnistía manifiesta que la pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.
Vea texto íntegro del documento
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