CC de Colombia estableció que es parte de la libertad de expresión compartir opiniones en redes sociales que cuestionen la conducta de servidores públicos por actuaciones en el ejercicio de sus funciones.

La Corte Constitucional de Colombia rechazó la acción de tutela incoada por un funcionario público del Hospital Universitario de Santander contra una particular.

En su libelo, el accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, debido a que la accionada compartió en su cuenta de Facebook una publicación en la que se indicaba que el accionante pertenecía a un cartel de la corrupción al interior del Hospital Universitario de Santander.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional colombiana señaló que en casos en los que se advierte una tensión entre los derechos a la libertad de expresión y los derechos al buen nombre, a la honra o a la intimidad de terceras personas, el juez debe realizar un ejercicio de ponderación en el que debe tener en cuenta la presunción de primacía de la libertad de expresión y las particularidades de cada caso, a fin de determinar el equilibrio entre los derechos y la manera más adecuada de garantizarlos. Para este propósito se establecen algunos parámetros constitucionales que deberán ser analizados y aplicados en conjunto por el juez en cada caso, con el objetivo de demarcar el contexto en el que se da el acto de comunicación y balancear adecuadamente los derechos en tensión, los cuales son quién comunica; de qué o de quién se comunica; a quién se comunica; cómo se comunica; y por qué medio se comunica.