En respuesta a Brunéi Darussalam sobre la afirmación de que las leyes sobre lapidación y amputación son «preventivas», Amnistía afirma que es cruel e irresponsable.

En respuesta a la afirmación del ministro de Asuntos Exteriores de Brunéi, Erywan Yusof, de que las penas previstas en el Código Penal Islámico del país son “preventivas”, Stephen Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional manifestó que “legalizar la tortura es cruel y despreciable en todas las circunstancias. Hacerlo como medida preventiva es además irresponsable”.

Luego, añadió que “defender la amenaza de amputación y lapidación señalando que tiene por objeto “rehabilitar y educar” es totalmente absurdo. La mera promulgación de tales leyes crea un ambiente tóxico y amenazador. Las autoridades de Brunéi deben de abstenerse de implementarlas y tienen que tomar las medidas necesarias para revocar esta legislación inaceptable y ajustarla al derecho y las normas internacionales de despachos humanos”.

En una carta dirigida a varios relatores especiales de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores de Brunéi, Erywan Yusof, defendió la implementación del Código Penal Islámico. Para justificar las penas previstas en él, que constituyen tortura, afirma que tienen por objeto “enseñar, disuadir, rehabilitar y educar en vez de castigar”.