Por 113 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la moción que modifica la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. 
La propuesta, que fue previamente analizada por la Comisión de Pesca, autoriza a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero artesanal a la extracción de especies salmonídeas presentes en el área marítima correspondiente a su región, debiendo ser declaradas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 
Además, establece que la sustracción de especies desde un centro de cultivo será sancionada con las penas establecidas en el Código Penal (presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día a 10 años) y que, con la misma pena, se sancionará la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde centros de cultivo.
Producido el escape de especies salmonídeas en un centro de cultivo, señala el texto, habrá una prohibición de captura de dichas especies en el área marítima de la región que corresponda, mientras dure el plazo que la empresa afectada tenga para su recaptura, de acuerdo a lo establecido en la norma respectiva.
Asimismo, detalla la propuesta, se deberá publicar de forma mensual, información desagregada por empresa y centro de cultivo sobre la cantidad y clase de antibióticos utilizados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha, si las hubiese en ese mes. 
Producido el escape en un centro de cultivo de salmones, y para los efectos de cumplir con el porcentaje de recaptura exigido, la moción resalta que el titular del centro de cultivo podrá establecer un contrato con organizaciones de pescadores artesanales aledañas al centro siniestrado y se generará una autorización transitoria a los socios de ellas con el objeto de que participen de la recaptura. 
En ese contexto, señala que los recursos capturados deberán ser entregados al titular del centro siniestrado.
También, la iniciativa establece que el procedimiento de recaptura deberá contener al menos la nómina de los socios pescadores artesanales que participarán de la recaptura, privilegiando a aquellas circundantes al centro siniestrado, como también los términos de la devolución de lo recapturado al titular de la concesión. 
Agrega que las empresas que administren un centro de cultivo deberán mantener actualizada una declaración sobre las condiciones de seguridad de sus instalaciones, bajo la forma y condiciones que fije un reglamento dictado por la autoridad competente, en un plazo de doce meses contado desde la publicación de esta ley.
Vencido el plazo autorizado para la recaptura, añade la moción, las especies escapadas adquieren la condición de animales bravíos, permitiéndose nuevamente su captura y comercialización por parte de los pescadores artesanales. 
Dicha autorización solo será aplicable en el área marítima de cada región.
Por último, el proyecto señala que el que, siendo titular de una concesión o autorización de acuicultura, falsamente declarare o denunciare un escape de especies de cultivo confinadas, será condenado con presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día a 5 años) y con una multa de 100 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales. 
A su vez, dice el documento, si resultara condena por los hechos descritos, caducará la concesión de conformidad al artículo 106 de la Ley 18.892. 

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis

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